Gerencia para un currículo común

En Colombia, típicamente un alumno de estratos medios y altos tiene libros de texto por asignatura y aprende lo que el Icfes le evaluará en las pruebas Saber; un alumno de estratos bajos, no. Esta es una relación evidente entre desigualdad y calidad educativa.

Además, el país no sabe i) qué bases iguales de conocimiento están adquiriendo el niño privilegiado y el niño desfavorecido, y ii) qué tan pertinente es lo que están aprendiendo ambos. Esto muestra que nos falta relacionar más la educación con los propósitos de la sociedad.

Mal nutrido, le dan una ración de comida desbalanceada porque el Programa de Alimentación, PAE, es un botín de la clase política, y se sienta a suplir con anotaciones en su cuaderno las ventajas de un libro de texto. Son millones los niños colombianos que viven esta situación de inequidad. Según la experiencia internacional, el próximo Gobierno podría cambiar esta situación en 21 meses. Las victorias tempranas de amplio impacto de una reforma educativa estructural de largo plazo podrían ser: i) el cambio de modelo del PAE, y ii) una política nacional de textos escolares.

En Colombia no tenemos un currículo común, adoptarlo es necesario, pero no sería aconsejable apurar el proceso deliberativo al respecto para ajustarlo a los tiempos administrativos de una política de textos escolares.

Normalmente, se tiene el currículo común y a partir de ahí las editoriales preparan las propuestas para competir. En nuestro caso, mientras se crea el consenso para cambiar la Ley General de Educación, se puede una fórmula de transición con base en las mallas curriculares que ha desarrollado el Ministerio de Educación, MEN; y las experiencias del Programa Todos a Aprender, PTA; el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Pnle; algunas secretarías y la memoria previa a la Ley 115.

Un currículo común mínimo no obligatorio en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, con lineamientos complementarios en orientación vocacional y socio-ocupacional para noveno grado y la media: para un paso así el país educativo tiene suficiente bagaje. En el marco de la actual autonomía escolar, cada institución educativa podría decidir si toma o no los libros de texto que proporcionaría el MEN de forma gratuita y semi-gratuita, probablemente con un efecto parecido al de la obligatoriedad.

En realidad, la primera decisión de política o gerencial es la financiación de las victorias tempranas con impacto estructural. Recordemos que la nómina docente absorbe 83% de la financiación (versus 63% de la Ocde), y que todavía hay que invertir más en calidad docente. Así, además de vérselas con el Sistema General de Participaciones, SGP, el nuevo Gobierno tendría que refinar la política de gratuidad.

El PAE ya está financiado con una bolsa de $ 1,9 billones, y la plata alcanzaría si se elimina la corrupción estructural mediante un modelo basado en girarles directamente a las instituciones educativas, con operadores certificados que competirían por los colegios como clientes de servicios en la cadena del PAE, y participación y supervisión de los padres y madres de familia.

Necesitamos a todos los niños en el comedor escolar, alimentándose saludablemente; hoy el PAE estratifica, algo que se resolvería si el hogar que puede paga una tarifa diferencial.

La financiación de los textos escolares exige tal vez un poco más de gerencia. Con US$120 millones anuales podría tenerse una cobertura casi universal -atendiendo las particularidades de la población rural-, de nuevo con gratuidad y semi-gratuidad diferencial. Pero como están las cosas con el SGP, no es fácil decir que se cubren con la bolsa de calidad. Dado que gratuidad y calidad son bolsas residuales respecto del pago de la nómina docente, y este viene creciendo, hay que establecer una financiación independiente para ambas. $ 320.000 millones no es mucho y podrían cofinanciarse territorialmente, incluyendo regalías.

Una política nacional de textos escolares estaría ligada a contenidos digitales, y debería facilitar la participación de los jugadores medianos y pequeños de la industria, así como de los emprendedores creativos, no poniéndolos a competir con las empresas dominantes del mercado, sino induciendo a estas a darles participación a cambio de sumar puntos en las licitaciones.