Riesgo reputacional, una amenaza real para el acceso empresarial al sistema financiero

A los desafíos propios de la actividad empresarial, durante los últimos años se ha venido sumando el concepto de riesgo reputacional como uno de los factores más determinantes en el desarrollo de la relación entre las compañías y el sistema financiero. Así, en el contexto hiperconectado actual ha venido aumentando la consideración de la reputación digital sobre los mecanismos legales y contractuales.

De acuerdo con Edgar Julio Erazo Córdoba, empresario minero en Antioquia, el impacto de esta realidad no se limita a una persona o a una razón social. Detrás de cada empresa hay trabajadores, familias, proveedores y comunidades enteras que dependen del funcionamiento normal del sistema financiero para el pago de nóminas, el cumplimiento de obligaciones laborales y la continuidad del empleo.

Cuando el sistema financiero adopta decisiones de cierre de portafolio y servicios sin un análisis suficiente de proporcionalidad, las consecuencias trascienden lo individual y se vuelven estructurales.

“El problema surge cuando la reputación mediática o digital empieza a pesar más que los hechos verificables, las decisiones judiciales o la inexistencia de procesos formales. No se pueda desconocer la importancia de los sistemas de prevención del lavado de activos ni de minimizar los riesgos reales que enfrenta el sector financiero. Estos mecanismos son necesarios y cumplen una función esencial”, explicó.

Hoy, los empresarios están expuestos a que terceros, medios, organizaciones, opinadores o plataformas digitales, publiquen información, interpretaciones o señalamientos que, aún sin respaldo judicial, pueden permanecer en línea durante años. En ese escenario, el riesgo ya no proviene de una conducta ilícita, sino de la persistencia de contenidos que no siempre reflejan la realidad jurídica actual.

Para Erazo Córdoba, desde la experiencia empresarial, este fenómeno genera una profunda inquietud: “¿cómo se defiende alguien frente a una publicación cuando no existe investigación, imputación ni decisión judicial alguna? ¿Qué herramientas reales tiene un empresario para contrarrestar una narrativa digital que se reproduce sin contexto, sin actualización y sin contraste con fuentes oficiales?”, explicó.

Agrega que la paradoja es evidente: decisiones adoptadas con el propósito de mitigar riesgos pueden, en la práctica, incentivar la informalidad y afectar la sostenibilidad fiscal y social de regiones enteras. La exclusión financiera de empresas formales no solo impacta a los empresarios; impacta al Estado, a los municipios y a las comunidades que dependen de la legalidad.

La Constitución Política y la jurisprudencia han sido claras en señalar que la autonomía de las entidades financieras no es absoluta. El debido proceso, la proporcionalidad y la razonabilidad siguen siendo principios rectores, incluso en contextos de gestión de riesgo. “De hecho, los empresarios del sector minero también estamos obligados a implementar sistemas de cumplimiento como el Sagrilaft, lo que refuerza la necesidad de decisiones equilibradas y basadas en hechos verificables”, comentó.

En ese contexto el desafío más grande no es combatir el delito a través de mecanismos de cumplimiento sino evitar que la reputación digital se convierta en una condena silenciosa, perpetua y sin juez. Un sistema financiero sólido no solo previene riesgos; también protege derechos, pondera impactos y distingue entre información, opinión y realidad jurídica.

“Como empresarios, no pedimos privilegios. Pedimos reglas claras, análisis completos y decisiones basadas en hechos verificables. La confianza en el sistema se construye cuando la reputación no reemplaza al derecho, y cuando la transparencia opera en doble vía”, aseveró el empresario.