Al César lo que es del César. En nombre de mis compatriotas, por lo menos los que queremos que Colombia siga siendo un lugar vivible después de 2026, le agradezco inmensamente a las ocho almas valientes que presentaron el concepto de archivo a ese esperpento de “reforma” laboral en la comisión séptima, a pesar de que sabían que se iban a tener que enfrentar con una turba que iba a comenzar a desearles hasta la muerte. Ese proyecto de ley que parece haber colapsado lo hizo porque es un pésimo proyecto, un camino expedito a destrozar miles de empleos formales, y un proyecto que condenaba al trabajador informal a seguir siendo informal por siempre, no porque la oposición al Petrismo estuviese buscando generar una crisis institucional. Valga decir que 56% de los trabajadores colombianos laboran en la informalidad hoy en día.

La informalidad laboral es quizás el mayor problema del que sufre la macroeconomía colombiana hoy en día. El hecho de que la informalidad sea así de alta implica, entre otras muchas cosas, que el Gobierno no está recaudando los suficientes recursos que necesita para tener una política de seguridad social sostenible y de calidad, o para invertir más en infraestructura básica. Implica que los recursos para la salud son más bajos de lo que deberían ser, y que 56% de los trabajadores de Colombia no tienen derecho a prima navideña, salud subsidiada, subsidio de transporte, vacaciones, licencia de maternidad, etc., etc.

Un estudio del Banco de la República publicado en mayo del 2023, bajo el título “Reporte de Mercado Laboral - Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral”, argumentaba que en caso de que el proyecto de reforma laboral fuese aprobado, el país podría perder un total de 450.000 empleos formales en un horizonte de entre tres y cuatro años. Específicamente, “los resultados indican que, de aprobarse la reforma laboral como se radicó, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones en casos de despidos injustificados. Por el primer componente, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2 % y 10,7 %, y por el segundo, entre 1,2% y 1,9 %, producto de un aumento de 92% del valor promedio de las indemnizaciones. Además, dichas estimaciones tienen importantes heterogeneidades sectoriales y por tamaño de empresa. El aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, mientras que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo”.

La exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le contestó lo siguiente a este diario cuando le preguntaron que cuál era el objetivo principal de esta reforma: “Esta es una reforma que necesitamos. Estamos trabajando en las 150 proposiciones. El país tiene que salir de la flexibilización laboral, porque esto implica que haya trabajos que no tienen derechos. Debemos transitar a un modelo y enfoque de derechos, y a un sistema que sea garantista. Lo que nos proponemos es que haya empresas sólidas y consolidadas, pero sin que exista la precarización laboral”.

Tengo dos certidumbres: ninguna de las personas que están asociadas con esta reforma ha trabajado un solo día de su vida en el sector privado, y, dos, ninguna de estas personas ha creado un empleo formal en su vida. La exministra Ramírez, la concejal Carrascal, o el bárbaro ese del senador Wilson Arias, para nombrar solo tres casos, no tienen la capacidad de entender que sin emprendimiento no hay empleo, y sin que exista una legislación laboral amigable con el empleador, no habrá posibilidad de emplear a tanta gente que tanto lo necesita. Los discursos maoístas no alimentan al pueblo. Los empresarios, sí.