Es una lástima que la clase política no hubiera aprobado la reforma tributaria estructural que en su momento presentó el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla (hace ya más o menos una década). Otra sería la historia de nuestro país; estaríamos mucho más cercanos a ser un Chile. Esa reforma tenía todos los componentes necesarios de lo que considero debe tener en cuenta una reforma estructural. Buscaba eficiencia, equidad, unificación de tributos, y lograr incrementar las expectativas de estabilidad en los flujos fiscales futuros. Una reforma estructural tiene que buscar como condición inicial, disminuir la volatilidad de los ingresos del erario, para de esa forma poder minimizar la necesidad de tener que hacer reformas anuales a las fuentes de ingreso, y también para poder darle más estabilidad a los proyectos de gasto público. También, entre menor sea la volatilidad de los ingresos, menor el nivel de incertidumbre que sienten los agentes económicos para con el futuro de la presión tributaria. 

Hay un hecho que queda muy claro si uno juzga por lo que se lee en los estudios serios que se han hecho al respecto: la única forma válida de lograr esa mayor estabilidad en el recaudo del sector público es ampliando la base de tributación. El sistema tributario actual tiene inmensos problemas, como por ejemplo el hecho de que menos de un millón de personas declaran renta, cuanto el número de empleados supera los 20 millones. También los datos muestran que más de 80% del total del impuesto de renta lo pagan solo 9.000 contribuyentes, y Ecopetrol solita explica como 7% del total del recaudo de renta de Colombia. Y si se incluyen los dividendos de Ecopetrol, que en 2013 alcanzaron $13,1 billones, más o menos 3% del total del recaudo del gobierno Central, pues se denota aún más la gran dependencia fiscal de Colombia para con las grandes empresas que operan en el país.

Por lo tanto, la reforma tributaria estructural tiene que lograr que mucha más gente pague impuestos, para que, por ejemplo, el país no se vea subyugado a los vaivenes de los precios internacionales de los “commodities”. Mejor dicho, Colombia tiene que avanzar en la idea de que la clase media baja comience a declarar renta y a pagar algo de renta, obviamente a tasas marginales (5% del ingreso, por ejemplo). Acá también tienen que entrar las pensiones. Así como lo leen, toca ponerle impuesto de renta a las pensiones. También la reforma tributaria estructural tiene que disminuir la tasa de tributación de las empresas en Colombia, una que hoy en día alcanza más o menos un 44%, nivel de tributación que está a la par con el mundo desarrollado. ¿Por qué toca bajar los impuestos corporativos? Pues para poder lograr que más empresas lleguen a invertir en Colombia, y de esa forma lograr diversificar las fuentes de fondeo del sector público. Si llegan más empresas, pues entonces eventualmente no serán 9.000 contribuyentes los que fondean el erario, sino serán 20.000 ó 50.000.

Tampoco habrá reforma tributaria estructural a menos que la comisión de expertos le cuente al Congreso, y al país en general, que no hay opción diferente para incrementar el recaudo a gravar más agresivamente el consumo de los colombianos. Lo decía el ministro Carrasquilla hace más o menos una década: no hay razón social válida para decir que la leche o el pan que se venden en el Carulla de la 85 con 15 no tenga que pagar IVA. Ese IVA que debería estar pagando el estrato 5 y 6 ayudaría inmensamente a financiar la jornada única de los niños en los colegios públicos de Colombia, por ejemplo. Está por verse si al final de este año tenemos un Congreso con responsabilidad histórica, o un Congreso que le sigue la caña demagógica a senadores como Jorge Robledo o Claudia López, personajes que seguramente harán hasta lo imposible por hundir la reforma que se nos viene.        

Nota: Está tan solo Uribe que el presidente Santos es el que nos tiene que decir a los colombianos que “Uribe está quedándose solo”…