La presidencia de Petro pasará a la historia como la peor porquería que le ha ocurrido a Colombia. Y hoy me parece hasta adecuado pensar que la historia recordará a ese desgobierno como uno que convirtió el Palacio Presidencial en un burdel de octava categoría, y no solo por haber destruido el sistema de salud, la autosuficiencia energética, la estabilidad macroeconómica, el control territorial o la inversión privada. Pero, como decía en mi columna pasada en este diario, todo esto ya fue y solo nos queda bregar para recuperar el país.

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de encontrarme con el tributarista Santiago Pardo en un evento en Bogotá. Conozco a Santiago desde hace muchos años y siempre he pensado que es una de las mentes más brillantes que tiene Colombia. En esa ocasión, Santiago presentó una idea vanguardista que, creo, merece ser discutida en el Congreso y dentro de la academia. Pero primero lo primero.

Santiago da en el punto neurálgico cuando argumenta que la recuperación de Colombia después del cáncer del petrismo será estéril si el sector privado no participa con más inversión. Y tiene absolutamente toda la razón, porque uno de los mayores problemas que sufre hoy en día la economía de Colombia es que la inversión privada está en el nivel más bajo en más de cinco décadas. Y una economía no puede crecer solamente a punta de consumo y gasto público desbordado, como hoy lo hace. Y, para lograr que la inversión privada se acelere, el Gobierno y la sociedad tenemos que brindarles a los emprendedores (1) certidumbre y (2) un sistema tributario competitivo.

Santiago propone una serie de ideas muy lógicas para lograr que nuestro país mejore sus niveles de competitividad. Entre las más relevantes: reducir la tributación total sobre las empresas, lo que implica bajar la tarifa del impuesto de renta corporativo a 30%; eliminar el impuesto al patrimonio, el 4x1.000, el impuesto de timbre, la autorretención especial y los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, y permitir descontar plenamente el ICA del impuesto de renta para evitar una doble carga por este lado. Santiago también propone reducir la tributación de dividendos y ganancias ocasionales a 10%.

Además, cada vez que lo consultan, Santiago argumenta que esa costumbre tan colombiana de presentar una reforma tributaria cada dos años es perversa en términos de credibilidad, y que el camino a seguir es ampliar la base gravable y buscar recaudar más recursos a punta de (1) mayor formalización y (2) más y mejor crecimiento económico, no decretar mayores tasas de tributación.

El problema, obviamente, es que aprobar una reforma estructural como esta en este momento de estrechez fiscal es un reto gigante desde el punto de vista de la economía política. Según Santiago, esta reforma podría implicar una pérdida de recaudo inmediato de más o menos $40 billones; pero gracias a la aceleración del crecimiento económico, y al hecho de que pasaríamos a estar al lado izquierdo de la curva de Laffer, se convertiría en una medida que elevaría los ingresos frente al PIB en cuestión de pocos años. ¿Y cómo cruzamos ese bache entre el punto A y el B? Pues Santiago propone que las empresas se comprometan a suscribir un bono con el Gobierno por 20% de sus utilidades esperadas durante los primeros dos o tres años, algo que le representaría caja adicional de alrededor de $40 billones y que le daría tranquilidad al mercado, pues la emisión de deuda neta no se incrementaría.

Como todo en la vida, la tributación es un ejercicio de equilibrio múltiple y, por lo tanto, hay que andar por la orillita para no estrellarse. Pero esta idea merece recibir toda la atención de la academia y de las autoridades.