La lucha contra la corrupción dio un paso muy importante al implementarse en julio los “pliegos tipo” para la contratación estatal. Ya en marzo del año pasado se habían establecido, pero solo para la contratación de obras de infraestructura, lo que llevó a una mayor participación de contratistas que democratiza y da mayor transparencia a las licitaciones públicas a nivel nacional y local.

No obstante, hay un monto muy significativo de contratación directa que está amparada por la ley y, sin embargo, no deja de causar escozor. Son los convenios y contratos interadministrativos que se hacen de forma directa y sobre los cuales el Contralor Carlos Felipe Córdoba recientemente afirmó: “La Contraloría ha identificado una creciente tendencia a evadir la obligatoriedad de la licitación pública cuando así se requiere, para realizar contrataciones directas bajo el amparo de figuras como los convenios”.

En el mismo informe también afirma el Contralor: “en materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, que incluyen la transparencia, economía y responsabilidad”. Y asegura que, “por esta, y por otras razones, los riesgos de corrupción continúan siendo altos en el país”.

Y es que las cifras de los convenios y contratos interadministrativos no son de poca monta. En un reciente informe del BID, en colaboración con Fedesarrollo, denominado “Mirada a las alertas del índice de riesgo de corrupción del sistema de compra público colombiano identificadas en el cálculo del índice con la metodología del IMCO”, se dan todas las cifras en estos rubros.
Entre 2014 y 2019, el Secop registra 102.081 convenios y contratos por un valor de $71,83 billones, que es una gran cifra, y 13.030 contratos sin valor alguno. Los primeros son los que son preocupantes por su número y por su monto.

En el mismo periodo anterior y en cuanto a las entidades por número de contratos están: Icbf (1.900), Dirección General de la Policía (1.886), Coldeportes (1.335), Departamento de Prosperidad Social (1.303), Ministerio del Interior (1.077), Esap (975), Inpec (944), Sena (896), Ministerio de Educación (883).

En cuanto al número de contratos por entidades territoriales están en orden: Gobernación de Boyacá (4.506), la Gobernación de Cundinamarca (3.651), la Gobernación de Antioquia (1.882), la Alcaldía de Medellín (1.670), el Instituto Distrital de las Artes -Idartes- (1.657), la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva (1.589), el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (1.444), la Gobernación de Nariño (1.381), la Gobernación del Huila (1.294), y la Gobernación de Guaviare (1.212).

En el mismo informe del BID se afirma: “la ausencia de competencia en la mayoría de los contratos interadministrativos conmutativos restringe la competencia pues impide la participación de otros agentes del mercado en el sistema de compra pública.

Estamos frente a proveedores o contratistas que son entidades estatales o que tienen participación pública, y que su condición les ofrece ventajas competitivas, poniéndolas en mejores condiciones que los demás agentes del mercado, en detrimento de la competencia y de los demás agentes”.

Es cierto que estos convenios y contratos interadministrativos son necesarios para el funcionamiento de las entidades, sin embargo, al ser contrataciones directas los hacen menos eficientes y con alto riesgo de corrupción, como lo afirma el Contralor General y el informe del BID. Es necesaria una mayor fiscalización y regulación sobre ellos.