El 13 de marzo de 1988 se eligieron los primeros alcaldes y gobernadores por voto popular en Colombia, como la forma más liberal de la democracia participativa. Antes de esta fecha la elección de gobernadores la hacía el presidente y la elección de alcaldes la hacían los gobernadores.

Era una democracia fundamentada en el poder del presidente de la República.
Un par de años más adelante nace, por votación popular, la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Constitución de 1991. Un objetivo importante de esta constitución fue la descentralización fiscal y por ley se deberían destinar, vía transferencias, un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) a las regiones.

Esto les dio poder local y regional a los alcaldes y gobernadores para el uso de los recursos de las transferencias.

Dos mecanismos de transferencia de recursos y de redistribución del ingreso hacia las regiones son el Sistema General de Participación (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR). El manejo adecuado y eficiente de estos recursos depende en gran medida de los alcaldes y gobernadores, por lo que el desarrollo regional, bueno o malo, depende de las autoridades locales y no de las nacionales.

Independientemente de la corriente política del presidente de Colombia el “Desarrollo Económico” en las regiones no depende de él, sino del adecuado uso de los recursos del SGP y SGR que hacen las autoridades locales.

Surgen entonces tres problemas, el primero es que las campañas políticas a nivel local tienen que ser financiadas por alguien, es decir, los alcaldes y gobernadores de entrada están empeñados con alguien que financió su campaña y luego tendrá que devolver favores vía contratación pública; el segundo problema es que muchos alcaldes y gobernadores no saben cómo plantear proyectos de desarrollo económico que beneficien a su comunidad, en muchos casos es por física ignorancia (recordemos que la elección popular no requiere requisitos académicos) y en otros porque están más interesados en sus proyectos privados; el tercer problema es que el voto en las regiones es fácilmente manipulable.

Pero un carretazo sin cifras y argumentos se queda en eso, en carretazo, por lo que aquí van algunas cifras que el Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón dio sobre el SGR:

“A diciembre de 2017, las auditorías de la Contraloría realizadas entre 2015 y 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de $840.000 millones, de los cuales alrededor de 40% son consideradas obras inconclusas, en abandono o terminadas sin uso.

A finales de 2017, el alto valor de los excedentes sin ejecutar fue de $12,4 billones, que refleja los problemas de eficiencia en la ejecución de los recursos que han venido caracterizando el sistema. De esta suma, un valor de $4,2 billones reposaban en las cuentas bancarias que manejan las entidades territoriales.

No se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de contratistas. Pues, las licitaciones se realizan con un único oferente en un porcentaje que supera 70%., indicador que permite señalar que los riesgos de corrupción continúan siendo altos.
Según el Contralor, el Sistema General de Regalías entregó en la práctica una chequera en blanco a las Entidades Territoriales, permitiendo que los recursos deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción”