Los niños y jóvenes han sido uno de los grupos que más ha perdido con esta pandemia. En el caso de los jóvenes, la deserción universitaria, en parte por el menor ingreso familiar, y el elevado desempleo juvenil, que llegó a 23% vs. 15% del total nacional en el trimestre abril-junio de 2021, los ha llevado a convertirse desafortunadamente en los “nini”, ni estudian ni trabajan, y por ello han tomado la protesta social como una forma de exigir un futuro que se imaginaban mejor. Los niños, por su parte, han perdido entre dos y tres años de nivel de escolaridad, según algunos estudios, ante el prolongado cierre de jardines y colegios, sobre todo públicos.

Ante esto, la política pública debe concentrarse en devolverle a este grupo poblacional un país con mayores oportunidades resolviendo dificultades que surgieron o se profundizaron en la pandemia, pero también solucionando problemas que vienen de tiempo atrás y comprometen el bienestar de las generaciones futuras. Uno de estos últimos problemas es el que The Economist y otros analistas han denominado Abuso Infantil Fiscal (Fiscal Child Abuse).

El Abuso Infantil Fiscal, que no es otra cosa que quitarles a las próximas generaciones para darle a las actuales, puede evidenciarse en Colombia a través del ejemplo del sistema de seguridad social en salud y pensiones. En este caso se suma a la deuda pública del país una importante responsabilidad contingente derivada de asumir los beneficios que otorga este sistema y que deberá ser pagada por las generaciones futuras para mantener los beneficios de las actuales.

Profundizando en el caso pensional, según Clavijo et.al. (2019), los últimos datos mostraban que el pasivo contingente de pensiones bordeaba los 100 puntos del PIB. Esto aparece porque, a pesar de que quienes logran pensionarse son muy pocos, pagar los beneficios de ellos, derivados de un generoso esquema paramétrico, implica un subsidio de 50%-70% por pensión, con el agravante de que cerca de 50% de ese subsidio va al decil de mayor ingreso de la sociedad. Esto significa que, a futuro, los jóvenes actuales tendrán que hacer un esfuerzo tributario importante para pagar los beneficios que hoy se están adjudicando los mayores.

Sin embargo, en vez de soluciones, lo que uno escucha en el mundo político son ideas para terminar de sacrificar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, algunos mencionan que lo que hay que hacer es, a la Argentina, traer a todos los afiliados del régimen pensional privado al régimen público. La lógica de corto plazo para el político populista es tener una importante cantidad de caja hoy para cumplir promesas insostenibles y para los próximos a pensionarse es tener una mensualidad mayor, pero esto va contra unas obligaciones onerosas que tendrán que ser cubiertas en el futuro con impuestos que pagarán los que hoy son menores de edad.

Por ello, los jóvenes, tan activos socialmente en estos meses, y los grupos políticos que representen a los menores de edad, sin voz ni voto, deben visibilizar una agenda que incluya los problemas de educación y empleo juvenil pero también reformas que solucionen problemas estructurales para ellos como el Abuso Infantil Fiscal. No es fácil, porque en estos temas de solidaridad generacional el costo político es de corto plazo y el beneficio de largo plazo, pero hay que recordar que lo popular no siempre es lo más responsable.