¿Beneficiando a los ricos?

La anticipable decisión del Banco de la República (BR) de subir su tasa de intervención en 200 puntos básicos en el primer trimestre de 2026 generó una reacción desproporcionada por parte del ministro de Hacienda. La idea de no volver a la junta del BR debilita el funcionamiento y la independencia del Emisor, así como la credibilidad de la política monetaria.

El BR ha reaccionado a hechos económicos recientes que han sido decididos por otros actores, pero que ponen en riesgo el camino hacia la meta de inflación de largo plazo. Algunos ejemplos de estas decisiones son la subida de 23% en el salario mínimo para 2026; el creciente gasto público, que le echa gasolina a la demanda agregada más allá de la restricción fiscal; o las tensiones geopolíticas en Irán, todo ello contribuyendo a elevar las expectativas de inflación y, por esa vía, afectando una necesaria senda antiinflacionaria y la reputación del BR.

Con todas esas decisiones externas que afectan la función principal del BR, su independencia reviste una gran importancia. La Constitución de 1991 decidió, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los países del mundo, que unos expertos de dedicación exclusiva decidirían sobre la política monetaria del país.

En nuestro caso específico, cinco expertos, dos de los cuales serían escogidos por el gobierno de turno, junto con el ministro de Hacienda y el gerente del Emisor, tomarían de manera independiente las decisiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en coordinación con la política económica general, apoyados por el mejor staff técnico del país.

Y esa independencia debería ser absoluta, incluyendo frente al Gobierno y a las decisiones electorales. Todos los estudios técnicos muestran que eso es lo que garantiza una senda baja y estable de inflación, porque blinda las decisiones monetarias de incentivos de corto plazo que pasan por inflar la economía para obtener dividendos políticos. Y los contraejemplos empíricos son abundantes: Alemania en el periodo de entreguerras, Bolivia y Brasil en los años ochenta, Perú en 1990, Argentina en las últimas dos décadas y Turquía en los años más recientes.

En todos los casos, depender del gobierno en las decisiones monetarias solo llevó a desastres hiperinflacionarios. ¿Y por qué resguardar el poder adquisitivo de la moneda? Porque no hacerlo a quienes más perjudica es a los más vulnerables.

Los hogares de bajos ingresos y los que viven del día a día son los que verían diluir sus ahorros de toda la vida en moneda local, pagarían más por sus créditos a tasas variables y gastarían cada vez más por bienes no transables.

En cambio, los hogares de mayores ingresos son justamente los que tienen más oportunidades de trasladar sus activos, convertirlos a monedas duras (dólar o euro) y ajustar sus portafolios con operaciones financieras especializadas para minimizar los efectos negativos. Se trata, al final, del BR defendiendo a los más vulnerables, mientras el gobierno, que dice protegerlos, toma decisiones que los harían más pobres.

Este es el regreso a una discusión que ya se había zanjado, pero que vuelve en medio de la polarización política. Por eso cambié de opinión y decidí escribir esta columna, como docenas de personas ya lo han hecho. Porque es el momento de que todos nos pongamos del lado de este arreglo institucional que nos ha salvado de ser una economía fallida y con mayores niveles de pobreza.