Siempre es útil recordar que los créditos que desembolsan los establecimientos de crédito son en su mayoría producto de la intermediación del ahorro del público y no de los recursos de los accionistas. En efecto, en el caso colombiano, entre $85 y $90 de cada $100 de crédito provienen de los ahorradores y solo $10 de los dueños de la entidad.
Por ello, la supervisión del sector es tan estricta e involucra requerimientos en indicadores de capital, liquidez y operación que provienen, entre otras, de importantes acuerdos internacionales, como es el caso de los de Basilea, en los que, dicho sea de paso, el sector financiero colombiano cumple más que a cabalidad. Dichos indicadores y estándares son vigilados por MinHacienda (URF), la Superfinanciera, el Banco de la República y toda la red de seguridad financiera.
En ese contexto, las entidades financieras buscan gestionar los diferentes riesgos y colocar de manera eficiente los recursos en crédito.
Uno de los elementos importantes para que esto suceda fluidamente es el repago que hacen los usuarios de estos créditos. Una buena cultura de pago es fundamental porque reduce los riesgos (y, por ende, la tasa de interés) y permite el flujo constante de recursos hacia proyectos productivos empresariales y a las necesidades de los hogares, al tiempo que garantiza la confianza de los ahorradores.
En nuestro país, esa cultura de pago ha sido un gran activo, los colombianos nos destacamos por ser “buena paga”. Según cifras de las Centrales de Riesgo, 91% de todas las obligaciones de crédito tienen reporte positivo y solo 9% son sujeto de alguna marca negativa. Eso se refleja en que, en promedio, solo $5 de cada $100 que presta el sector entra en algún tipo de mora.
No obstante, sucesos recientes han puesto en peligro ese gran activo del país. Aquí me referiré a tres de ellos. En primer lugar, aparecen algunos proyectos de modificación normativa que han incentivado el comportamiento de no pago, o porque eliminan el historial crediticio de los usuarios o porque dificultan la cobranza de las entidades. Estos proyectos benefician a muy pocos, pero perjudican al que sí ha pagado puntualmente pues no es posible diferenciarlo del que no.
En segundo lugar, están las voces de influenciadores que replican insistentemente la popular consigna de no pagar las deudas. Esto se hace sin entender que hacer esa promoción si bien afecta a las entidades, al final termina es perjudicando a los usuarios que deben asumir mayores costos. Esto ya lo han sufrido entidades del Estado y algunas empresas de servicios públicos en diferentes zonas del país.
Por último, aparece la gestión de algunas empresas que ofrecen reparar las deudas. En este caso, se ofrecen paquetes con beneficios muy sugestivos para las personas, como pagar mucho menos de lo que se debe luego de un tiempo de mora, que pueden no serlo tanto cuando se evalúan todos los hechos.
Ante esto, la voz de la responsabilidad es clave. Las autoridades económicas, el gobierno nacional, los legisladores y las propias entidades financieras deben hacer un frente común para defender este activo que es la buena cultura de pago de los colombianos. Pensar que es popular arengar el no pago de las obligaciones solo redunda en perjuicios para la población que se dice defender.