En Colombia hay sobrediagnóstico en muchos temas de política pública. Por ejemplo, en materia impositiva, numerosos estudios técnicos señalan que nuestro recaudo tributario es bajo comparado con pares regionales. Aunque ha habido mejoras importantes gracias a las últimas dos reformas tributarias (2021 y 2022) el nivel pareciera seguir siendo inferior a otros países. No obstante, se olvida un detalle detrás: ese recaudo se concentra en las empresas formales de la economía y los asalariados, que sí tienen tasas efectivas muy altas de tributación al hacer una comparación internacional.

En efecto, según cifras de la Dian, cerca de 80% del total del recaudo de impuesto de renta se concentra en 4.000 empresas y en máximo 4 millones de personas declarantes (de los cuales no todos resultan con saldo a pagar). En el caso de las personas, este número de declarantes ha crecido significativamente gracias, entre otras razones, a la gestión de la Dian, pero aún estamos lejos de los niveles de otros países como España, para poner como ejemplo a un país con población similar a la nuestra (50 millones), pero que tiene más de 15 millones de declarantes de impuesto de renta.

Y aunque esto nos lleva siempre a la discusión permanente entre dos posiciones; quienes dicen que son los más ricos de la población los que más deben pagar (algo cierto); y, los que dicen que la carga para los asalariados es solo comparable con países que tienen un estado de bienestar extendido donde el pago se compensa con una amplia provisión de bienes públicos, lo que no sucede en Colombia (algo también parcialmente cierto); que se deben compensar de forma técnica, la verdad es que quisiera abstraerme de ella y proponer algo que no es nuevo, pero que puede hacernos avanzar en la dirección correcta, ir en la búsqueda gradual de una declaración universal de impuestos de todos los ciudadanos del país.

Esta declaración universal, que no implica que todos deben pagar, trae de todas maneras una mayor carga operativa para la Dian, que implica mayor personal, tecnología y, por ende, más presupuesto. Pero también tiene al menos dos grandes implicaciones positivas con varios efectos añadidos.

Por un lado, genera una gran cantidad de información de las personas que sirve para: i) identificar si son o no susceptibles de recibir subsidios y permitiría completar las bases de datos actuales; ii) en un contexto de datos abiertos, otorgar crédito a aquellos hoy excluidos; y iii) luchar contra la evasión y generar incentivos para ser formal.

Por otro lado, consolida un sentido de pertenencia y responsabilidad de los ciudadanos con lo público, pues quienes, al sentir que pagan así sea muy poco, exigirían más resultados en términos de provisión de bienes públicos y de reducción del robo de recursos del erario.

Obviamente esto solo podría ocurrir si dicha declaración es fácil de realizar. Esto implica que no sea necesario un contador para alguien que tiene muy poco que declarar, que sea algo intuitivo, virtual, e incluso que pueda hasta venir sugerido, como ya hace hoy, en algunos casos, la Dian.

La declaración universal de impuestos no generaría un gran aumento inicial de recaudo, pero podría ser el punto de partida para la formalización de muchos sectores y para la reducción de la corrupción de que tanto se quejan todos los ciudadanos, con los efectos positivos que esto trae en el mediano plazo.