Al salir a caminar el día posterior a las manifestaciones de inicios de mayo me llevé algunas sorpresas. Inicialmente, conversé con una cajera de un supermercado cercano que me mencionó que, a pesar de todas las manifestaciones, ella venía entusiasmada a trabajar porque debía llevar los recursos a su casa para poder mercar y que había ayudado a proteger el establecimiento de posibles daños, porque era cuidar su propio sustento. A una cuadra de distancia me encontré con un vendedor informal de aguacates que barría su esquina de venta llena de piedras y escombros dejados el día anterior. Me comentó que, si no venía a vender no tenía que comer esa noche, luego estaba en proceso de “embellecer” su esquina para que la gente se acercara a comprarle.

Este primer hecho me mostró que, pese al reciente estallido social y a muchas protestas totalmente válidas, aún hay ejemplos de economía positiva que demuestran que a pesar de todas las cosas que no funcionan, y que se deben reformar, hay una importante masa de personas que sale diariamente a trabajar convencida de que esa es su forma de progresar.

Posteriormente, avanzado en una caminata de cinco cuadras encontré que los vándalos infiltrados en la protesta social se ensañaron contra los bienes públicos del barrio: cestas de basura, semáforos, paraderos de buses, entre otros.

Unos vecinos que caminaban cerca comentaron que al Gobierno le iba a salir costoso arreglar todos esos daños. Me pareció simpático ese comentario porque llevaba detrás la idea de que el presidente o el alcalde eran los que iban a tener que sacar de su bolsillo para arreglar los daños. Pero la verdad, como todos sabemos, es que son los impuestos que pagamos los que van a servir para financiar el arreglo de esos desmanes. El desarraigo con lo público nos ha llevado a olvidar que al final somos nosotros los que financiamos todos esos bienes y que cualquier arreglo de estos o las mayores pólizas de seguros a pagar también salen de nuestros bolsillos.

Esos hechos me llevan a reflexionar que el país del futuro debe ciertamente incluir en el “contrato social” las reclamaciones válidas de las nuevas generaciones que derivaron en el estallido social que vivimos, pero no debe dejar de lado las reformas que impulsen la economía positiva y el empoderamiento de lo público.

En el primer caso, es necesaria una reforma que modernice el mercado laboral, que lo acerque a la verdadera realidad, y que incentive la contratación formal para garantizar que todas esas personas que salen cada día a trabajar puedan tener certeza de su sustento diario.

En el segundo caso, urge un esquema de declaración de impuestos universal, no para que todos paguen impuesto de renta, pero si para que declaren y que entre todos decidamos cuál es el nivel mínimo para empezar a pagar, arrancando con tarifas muy bajas y llegando a tarifas muy altas para las personas de mayores ingresos. Esto nos daría información relevante para reducir la evasión, para focalizar los programas sociales, pero sobre todo el solo hecho de interactuar con la oficina de impuestos nacionales haría consciente a las personas de que esos ingresos son de todos y deben ser cuidados sagradamente.

Así como nos escandalizamos con la pérdida de recursos públicos por la corrupción, deberíamos hacerlo cuando atacan los bienes públicos de nuestras ciudades. Ambos son un detrimento de nuestro patrimonio.