En décadas recientes ha sobresalido lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial y su efecto en la vida de las personas. Se destacan allí la transformación digital en procesos y sectores, las nuevas tecnologías, como el Blockchain o la propia inteligencia artificial, y el surgimiento de una nueva forma de comunicarnos a través de redes sociales. En esta descripción, muy sencilla, aparece recurrentemente la información como el elemento que aglutina todo lo que ha significado el cambio en la forma de relacionarnos, informarnos, producir, entre otros.

El sector financiero no ha sido ajeno a esta revolución. El gran avance en inclusión financiera reciente en Colombia (92% de los adultos con algún producto financiero) ha ocurrido, en una parte importante, gracias al uso de la tecnología y a la transformación digital del sector. Ahora, el mejor uso de la información puede ayudar en el siguiente paso, avanzar en la llamada inclusión crediticia.

Al cierre de 2022, solo 36% de los adultos del país tenía algún producto de crédito. Para duplicar ese valor en los próximos años se requiere superar varios obstáculos. Uno de los principales, según diversos estudios, es reducir el elevado riesgo de crédito (probabilidad de no pago) que pueden tener muchos consumidores y que los excluye del sistema. Para ello son necesarios instrumentos como los colaterales, las garantías o el propio historial crediticio y de hábitos de pago. En este último caso, la información se vuelve fundamental.

Recordemos que el sistema financiero se basa en la confianza de los ahorradores en que sus recursos están seguros y disponibles cuando los necesiten. Por ello, la gestión de riesgos de las entidades financieras al momento de prestarlos, que no es otra cosa que asegurar que los recursos sean repagados, está regulada y supervisada de una manera prudencial y estricta, y se basa en un manejo adecuado de cada entidad que incluye cuantificar el monto que se puede prestar, la tasa de interés adecuada para el nivel de riesgo, y el plazo, entre otros.

Por todo esto, garantizar un correcto flujo de información se vuelve vital para facilitar la gestión de los riesgos por parte de las entidades y elevar la inclusión crediticia.

Un paso en la dirección correcta fue la decisión de ir por un ecosistema de datos abiertos dado en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado. Aquí sumar la información que tienen compañías de telefonía móvil, de servicios públicos y hasta el propio gobierno se vuelve insumo fundamental para determinar hábitos de pago, niveles de ingreso, entre otras características, que pueden ser usadas por compañías de todo el ecosistema financiero (bancos, microfinancieras, fintech, cooperativas) para profundizar productos y herramientas (que ya muchas entidades desarrollan hoy) que permitan llegar a un mayor número de personas y empresas.

El paso siguiente es definir los costos del dato (que no necesariamente debe ser asumido por el consumidor), los estándares para compartir, el resguardo de la privacidad, y el modelo institucional que garantice que fluya la información.

El mensaje al final es claro: la política pública, desde Gobierno y Congreso, debe buscar que haya siempre más y mejor información (no menos), si se quiere avanzar en la dirección de dar más créditos a las personas y empresas que lo requieren para cumplir sus sueños y proyectos.