La inclusión financiera y la profundización del crédito en Colombia han tenido evoluciones muy positivas en los últimos años. Las cifras muestran, por un lado, que la profundización pasó de 33% de PIB en 2010 a cerca de 49% en 2021. Y, por otro lado, que el indicador de inclusión financiera pasó de 62% en 2010 a 90,5% en 2021 (33,5 millones de adultos tienen ya algún producto financiero, según Banca de las Oportunidades), impulsado en este caso por la mayor digitalización de la economía, en uso de canales y productos, y por los programas de subsidios, profundizados durante la Pandemia.

No obstante, persisten brechas importantes por cerrar. En materia de inclusión, hay una brecha de género de 7 puntos porcentuales (hombres - mujeres) y de casi 30 puntos entre los niveles de las grandes ciudades (98%) y las zonas rurales y rurales dispersas (55%-69%). Aquí hay tareas por hacer en un trabajo que debería ser articulado entre el sector público, el privado y el financiero, en el que ahondaré en futuros escritos.

En el frente de profundización del crédito, las brechas o potenciales de crecimiento vienen por el lado del crédito hipotecario y el destinado para financiar a las Mipyme, ambos con rezagos al comparar con países pares de la región.

En el caso de las Mipyme, hay diagnósticos coincidentes sobre la necesidad de acelerar su financiación, entre muchos analistas, la industria financiera, e incluso el propio programa de propuestas del nuevo gobierno al referirse a la financiación de lo que han llamado “la economía popular”. Dichos diagnósticos implican tareas para las que análisis técnicos y del sistema financiero han desarrollado varias propuestas de implementación.

Entre ellas se mencionan, además de una política pública que incentive la formalización y mejore la conectividad, la necesidad de elevar el nivel de información para mejorar los puntajes crediticios, potenciar la banca de desarrollo y masificar el uso de garantías.

En este último frente, una de las lecciones más importantes que dejó la pandemia fue que el incremento de las garantías y su cobertura, gracias a la capitalización que le hizo el Ministerio de Hacienda al Fondo Nacional de Garantías (FNG), es una herramienta importante para movilizar el crédito al reducir el riesgo en que incurren los intermediarios en la colocación. En plena Pandemia, el FNG pudo colocar cerca de $26 billones con su programa “Unidos Por Colombia” dirigido a empresas con necesidad de crédito para reactivar sus negocios y algunos hogares con crédito de vivienda.

Por ello, hacer un uso mayor de este instrumento de garantías luce fundamental sobretodo en el caso del primer crédito. Es allí donde aparecen las mayores limitantes y riesgos pues son personas o empresas que están, normalmente, entre la formalidad y la informalidad y que requieren un primer empujón para ingresar a ese círculo virtuoso que se genera cuando se recibe financiación adecuada. Después, si demuestran ser “buenas pagas” el sector financiero se “peleará” por darles financiación.

Diseñar e implementar una garantía para el primer crédito sería una herramienta rápida y eficiente para avanzar en la financiación de Mipyme y para muchos pertenecientes al sector informal. Sería una victoria temprana que podría adjudicarse el nuevo gobierno haciendo uso de la red y experiencia ya ganada por el sector financiero colombiano.