En diversos estudios técnicos se anota insistentemente que la informalidad es uno de los problemas más graves del país. Las cifras así lo muestran pues la informalidad laboral se acerca al 60% de los ocupados, según el Dane, y la empresarial llega al 50% en las MiPymes. Esta elevada participación del sector informal tiene efectos perversos en la productividad del país y, por esa vía, en su crecimiento económico de mediano plazo.

Esos mismos estudios técnicos han sobrediagnosticado las causas de la informalidad. Por ejemplo, a nivel empresarial, se menciona que los costos superan los beneficios al momento de formalizarse y, en el plano laboral, aparece el elevado costo de contratación formal.

No obstante, se habla menos de la relación que podría haber entre la informalidad y el persistente sobreuso del efectivo en la economía. En este último caso, una comparación internacional usando estadísticas oficiales muestra, por un lado, que en Colombia la proporción de efectivo sobre PIB llegó, en promedio, al 6,1% entre 2010 y 2019 por debajo únicamente de Perú a nivel regional y, por otro lado, que la relación efectivo/M2 era de 9,3% en Brasil y de 7,3% en Chile en 2020, mientras que en Colombia llegó al 16,6%. Esto daría indicios para pensar que en el país el uso del efectivo va mucho más allá de su función como instrumento transaccional.

Según diversos analistas, este sobreuso es causado por factores culturales, aspectos normativos y de legislación como la persistencia del 4X1000, la percepción de su bajo costo de uso, la evasión de impuestos, y la falta de información sobre otros medios de pago. A esto también habría que sumarle que es la gasolina que alimenta la constante informalidad de un poco más de la mitad de la economía (Anif, 2017).

Por ello, una herramienta clara para empezar a reducir los niveles del sector informal pasa por desincentivar el sobreuso del efectivo. Para esto, se requiere un trabajo articulado de tres actores específicos.

El Gobierno Nacional debería actuar al menos en tres frentes. Profundizar su política de conectividad para elevar los niveles de cobertura que permitan llegar con medios de pago digitales a amplias zonas del país. Además, debe incentivar instrumentos de tributación sencillos que promuevan la formalización empresarial y que dejen prueba de las transacciones (algo que ya ha empezado a hacer con el Régimen Simple). Por último, debería proponer al legislativo medidas que limiten las grandes transacciones en efectivo, arrancando por las inmobiliarias y de vehículos.

El sistema financiero deberá profundizar su transformación digital e innovación en canales y productos que inició en los últimos años. Con ello, podría lograr una oferta de servicios para el consumidor de cada vez menor costo, con elementos como, por ejemplo, los códigos QR.

Finalmente, el usuario (personas y empresas) deberá ser objetivo de campañas masivas de información y educación financiera (creadas por los dos actores anteriores), y de “empujones” regulatorios que incentiven el uso de medios formales de transacción al lograr que el beneficio sea superior a su costo.

Aunque se seguirán requiriendo reformas estructurales en el mediano plazo, una estrategia que combine estas acciones con estos tres actores podría dar victorias tempranas en la lucha contra la informalidad, buscando elevar la productividad total de la economía.