La profundización de la financiación a los emprendedores y los pequeños negocios es uno de los temas más debatidos, pero también donde más tareas hay por hacer en el país.

Las cifras más recientes muestran que en este segmento hay una brecha por cerrar. Según Banca de las oportunidades, cerca de 900 mil empresas tenían acceso a un producto financiero al corte de septiembre de 2021, es decir solo un 15% de la totalidad de micronegocios que calcula el Dane. En materia de crédito las cifras son similares. La Gran Encuesta Pyme, que Anif realiza desde 2006, muestra que en promedio solo el 35% de las Pyme tiene acceso al crédito, esta cifra baja al 15%-20% si solo se toma a las microempresas.

Dentro de las razones tradicionales para explicar esto aparecen los bajos niveles de formalización que limita el acceso al sector financiero, la falta de garantías y de información crediticia y la ausencia de educación financiera. Adicionalmente, cuando se hace un acercamiento a los empresarios a nivel regional, a estas razones ellos suman el bajo conocimiento de las dinámicas de este segmento empresarial por parte del sector financiero lo que limita una oferta diversificada para emprendedores y pequeños negocios, y algunos mencionan también los altos costos financieros.

Esto dirige la discusión hacia una solución que implica un compromiso público-privado. Desde el lado del sector público, es vital trabajar en cuatro puntos. En primer lugar, se deben fortalecer y profundizar las estrategias que elevan el beneficio-costo de ser formal. Además, es imperativo continuar las estrategias empresariales que hoy lideran el Ministerio de Comercio, Innpulsa, DNP y las Cámaras de Comercio.

En segundo lugar, la política pública de conectividad debe profundizarse hacia los sectores rurales del país donde hay gran cantidad de pequeños negocios que se beneficiarían de la digitalización. Los últimos dos puntos son una estrategia articulada de educación financiera empresarial que se difunda y sea visible, y una política de expansión de garantías, fortaleciendo aún más el Fondo Nacional de Garantías y los bancos de redescuento. En este último caso, también hay que visibilizar el instrumento de garantías mobiliarias para reducir el riesgo de crédito de los pequeños negocios.

Desde el lado del sector financiero privado también hay trabajo por hacer. Teniendo claro que la medición del riesgo de crédito es vital para garantizar la confianza de los ahorradores en el sistema, también es fundamental trabajar en rutas que permitan mayores niveles de otorgamiento de crédito en este segmento.

Por ejemplo, se debe analizar la posibilidad de incluir más información en las calificaciones de crédito que eleven el conocimiento de la real capacidad del cliente para el repago de la deuda. Además, se vuelve clave diversificar la oferta de productos para este segmento y el ofrecimiento de mecanismos alternativos de financiación, como el leasing y el factoring, y de servicios no financieros, como capacitaciones.

Al final, como en muchos otros casos, la solución proviene de avanzar sobre lo ya construido. Y ello demanda una articulación clara entre el gobierno nacional, como habilitador de las condiciones propicias para la profundización financiera de emprendedores y pequeños negocios, y el compromiso del sector financiero de avanzar en la colocación de crédito responsable en este segmento.