Las últimas semanas han sido convulsas en materia económica por la devaluación de $400-$600 (10%-15%) en la tasa de cambio. Aunque hay una gran polémica sobre las razones para esta devaluación, la realidad es que la suma de efectos internacionales y locales explicarían esta tendencia.

En el plano internacional aparecen la subida de tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, la mayor probabilidad de recesión en Estados Unidos y el conflicto en Ucrania, que fortalecen el dólar como activo refugio. Por su parte, los efectos locales se derivan de la mayor incertidumbre que genera en los mercados algunos anuncios del nuevo gobierno y las vulnerabilidades que la economía carga desde hace tiempo: los abultados déficits gemelos, externo y fiscal.

Una de las soluciones para atenuar las vulnerabilidades locales que vienen de atrás y parte de la devaluación pasa por elevar el nivel de ahorro de la economía. Allí una reforma que eleve los ingresos fiscales se vuelve fundamental como instrumento de ajuste fiscal y de gasto público focalizado. El nuevo gobierno parece ir en esa dirección y el ministro de Hacienda designado y su equipo ya estarían trabajando en ello.

Algunos anuncios de miembros del nuevo gobierno, oficiales y extraoficiales, hablan de eliminar las exenciones del impuesto de renta a empresas (y si es posible bajar la tarifa), de endurecer las condiciones de tributación para personas de altos ingresos, de la inclusión de un impuesto al patrimonio, entre otros. Y aunque se ha dicho también que se quiere fortalecer la gestión de la Dian, poco se ha hablado de herramientas que pueden ser vitales para ello, como medidas para reducir el sobreuso del efectivo.

De hecho, el efectivo mantiene su preponderancia en la economía -incentivado por los altos niveles de informalidad- pese a los avances en digitalización y promoción de medio de pago electrónicos. Incluso, según encuestas del Banco de la República, entre 80% y 90% de las transacciones de la economía se hacen en efectivo y el indicador de efectivo/M2 supera ampliamente el 15%, mientras en países pares de la región no llega ni al 10%.

Dentro las medidas para reducir su sobreuso, en la que todos los analistas coinciden es en la eliminación del 4X1.000, pero esto luce complicado por su fácil e importante recaudo (0,8% del PIB); sin embargo, hay otras opciones que se podrían pensar.

Por ejemplo, definir mecanismos de pago electrónico en la relación Gobierno-resto de actores, como en el caso de la ejecución del presupuesto público, el pago de subvenciones y subsidios, los pagos de la contratación pública, entre otros y la obligación de que las ventas de bienes inmuebles y vehículos de transporte y carga se permitan solo con pagos electrónicos a partir de un monto, ayudaría a promover ecosistemas de pagos digitales.

Estas medidas tendrían la doble virtud de reducir la informalidad transaccional -que se sustenta en el sobreuso del efectivo, facilitando la gestión de la Dian- y de elevar el recaudo. Su inclusión en la propuesta de reforma tributaria que se presente ayudaría a combatir la elevada informalidad del país, uno de nuestros grandes problemas sociales, y permitiría también reducir los problemas fiscales facilitando el control de la evasión. Una “bala de plata” para seguir combatiendo dos problemas gruesos del país.