Cerca de la mitad de la economía colombiana genera sus ingresos en lo que muchos denominan sector informal y que el nuevo gobierno llama economía popular. Esta segmentación tiene serios efectos sobre el desempeño económico, la productividad del país e incluso sobre la financiación del Estado.

Esto se evidencia al comparar, por ejemplo, dos países similares a nivel poblacional que luego muestran resultados diferentes en materia de ingreso y crecimiento (aunque hay niveles iniciales distintos) y sobre todo en materia de inclusión productiva de las personas.

En efecto, al comparar cifras de estructura poblacional y mercado laboral de España y Colombia, dos países con similar nivel de población (47-50 millones), encontramos que, en ambos, la Población Económicamente activa se acercaba a 23 millones y que los ocupados llegaron a 20 millones al cierre de 2021. Sin embargo, al identificar los cotizantes a seguridad social (una aproximación de formalidad) mientras en España la cifra llegaba a 92% de los ocupados, en Colombia apenas se acercaba a 50%. Y consecuente con esto, los declarantes de impuestos llegaban a 21 millones de personas en España vs. 4 millones en nuestro país.

Estos altos niveles de informalidad terminan pasando factura a Colombia a través de flojos niveles de productividad y un crecimiento potencial que apenas bordea 3,5% real. Y, además, induce una baja recaudación de impuestos para financiar el Estado, recargada en “los mismos de siempre” a tarifas elevadas si se compara regionalmente.

Por ello, para incluir a esta economía popular en el torrente económico formal se debe trabajar en políticas de incentivos que promuevan la formalidad, pero al mismo tiempo, en un diseño de estrategias que empujen a las personas a estar por “encima de la mesa”.

En el frente de incentivos es importante abaratar la contratación formal empresarial y al mismo tiempo trabajar en los beneficios de ser formal. Resulta clave que las personas y los empresarios comprueben que hay más beneficios que costos de ser formal, beneficios expresados en fácil y barato acceso al crédito, mayor digitalización, acompañamiento técnico, mejoras en productividad y, por ende, en mayores ganancias.

En el frente de estrategias, la política fiscal debería enfocarse, por un lado, en elevar el universo de declarantes de impuestos. Se trata de que todos paguen lo justo, en un esquema progresivo, donde evidentemente “los mismos de siempre” pueden hacer un esfuerzo adicional, pero acompañado de nuevos socios de declaración. Esto elevaría el compromiso de las personas con los recursos públicos, cuidando algo en lo que ahora contribuirían activamente y reduciría la elusión y evasión. Y, por otro lado, deberían ser prioritarias políticas que reduzcan el sobreuso del efectivo, como aquellas que impiden, desde cierto monto, que algunas transacciones se hagan por ese medio (compraventa de bienes inmuebles, vehículos, contratación pública, etc.), como un mecanismo para generar trazabilidad en las operaciones y reducir la evasión.

Son algunas ideas de las muchas que hay en diversos estudios técnicos. Se trata al final de incluir a esa economía popular que cuenta por la mitad de la fuerza laboral y 35% del PIB y que en vez de ser un freno podría ser, si los incluimos de forma adecuada, un mayor potencial de crecimiento del país.