Instrumentos de reactivación

Muchas veces en el debate público se menciona la idea de que los economistas nos obsesionamos con el crecimiento económico y olvidamos los indicadores sociales. Dicha “obsesión” tiene como argumento detrás que para poder reducir la pobreza y mejorar los indicadores de desigualdad, hay primero que generar riqueza y luego si pensar en redistribuirla. El crecimiento es un elemento fundamental para el ingreso de los ciudadanos y para la política redistributiva que debe hacer el gobierno nacional.

Pero la discusión debe avanzar también hacia la velocidad de ese crecimiento. Una ecuación sencilla muestra que crecer a 1% real implica que un país duplica su ingreso cada 70 años, mientras si crece a 3% lo duplica en 23 años. Y esas diferencias hacen palpable para una generación de población si hay o no progreso, como por ejemplo sí se evidenció en los llamados tigre asiáticos hace 30 años, o más recientemente con el “milagro” económico chino.

Por ello, en Colombia debemos buscar la manera de acelerar el crecimiento de 1% real que tendremos en 2023-2024 hacia al menos 3% en los años siguientes. Evidentemente lo primero que hay que hacer es potenciar la labor del sector privado que pasa por generar certidumbre en las reglas de juego que permitan volver a elevar los niveles de inversión del país.

No obstante, también hay instrumentos que se pueden guiar desde la política pública. La pregunta aquí es si en épocas de afugias fiscales, como las actuales, esto requerirá muchos recursos públicos, y la respuesta es que no necesariamente.

Por ejemplo, se requiere fortalecer los proyectos del sector vivienda. Este sector es fundamental pues gracias a sus encadenamientos sectoriales, el impulso focalizado mueve toda la economía. En este caso, el énfasis debería volver a ser en el segmento de vivienda de ingreso medio (No VIS) como ocurrió en 2016-2017, con coberturas a la tasas de interés de nuevos créditos y elevando la relación cuota-ingreso (LTI) del actual 30% al 40% en este segmento.

Adicionalmente, se puede trabajar en incentivar la colocación de crédito productivo y para apoyar la transición energética. En crédito productivo, las estrategias avanzarían en tres vías. En primer lugar, aprovechar la recientemente expedida CE 08 de 2024 de la Superfinanciera para el otorgamiento de crédito productivo con trámite simplificado. Esto ayudaría en la meta de colocar hasta 500.000 créditos para la economía popular cada año.

En segundo lugar, acelerar la colocación de recursos con líneas de redescuento y, finalmente, elevar el otorgamiento de créditos garantizados con el FNG, que ha hecho un gran trabajo en estos dos años de gobierno. Aquí, no se requiere más músculo patrimonial (que ya posee el FNG) sino recursos para subsidiar la comisión de dichas garantías, aprovechando el gran apalancador que es el Fondo en el otorgamiento de crédito.

En transición energética, se debería trabajar en líneas de redescuento que apoyen los proyectos de energía renovable dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, y en proyectos de sustitución energética para la economía popular.

Estos instrumentos mencionados podrían generar nuevos créditos por $12-$15 billones, a un costo inferior a los $0,5 billones anuales, elevando el crecimiento potencial de la economía en 0,9 puntos porcentuales. Es un paso para volver a la senda de progreso social que necesita el país.