Mirando las noticias que ocurren a diario, es fácil llegar a la conclusión de que dentro de Colombia existen hasta tres países diferentes.

Uno se asemeja mucho a la realidad de los países más desarrollados, con cobertura plena de servicios públicos, educación privada de alta calidad para niños y jóvenes y plena formalidad laboral. Otro se asemeja más a un país emergente promedio, con una educación público-privada con alta cobertura, pero no tan buena calidad, y donde conviven formalidad e informalidad en las actividades diarias. El último país es uno que se parece mucho más a los países con mayor atraso, con bajo nivel de cobertura de servicios públicos, pocos visos de movilidad social, y altos niveles de informalidad.

Las cifras parecen coincidir con esta observación. Una división arbitraria, usando una variable arbitraria, mostraría que en el primer grupo podrían situarse los grandes centros urbanos del país, donde la pobreza monetaria estuvo por debajo de 28% de la población en 2019, según el Dane. En el segundo grupo aparecerían un número nutrido de ciudades intermedias cuyo nivel de pobreza se situó entre 30% y 36% (promedio nacional en 2019). Por último, en el tercer grupo podrían estar las zonas de frontera y el Chocó donde la pobreza llegó al rango 45%-60% en 2019.

Diversos estudios mencionan como las causas más importantes de esta disparidad regional, entre otras, a la geografía que había limitado históricamente la creación de mercados interconectados (aunque los recientes avances en infraestructura parecerían reducir esto), al conflicto armado que evitó la inversión en bienes públicos en muchos territorios, la captura de rentas públicas de algunos sectores en regiones que carecen de una sociedad civil empoderada, y algunos hasta mencionan dentro de este conjunto a la política de descentralización del país.

Más allá de discutir sobre las bondades o no de la descentralización, lo que sí es necesario es hacer los ajustes para que esta funcione de mejor manera y se pueda empezar a cerrar esta brecha regional.

Por ejemplo, se requieren verdaderas reformas tributarias territoriales (tan importantes como la nacional) que ajusten los valores prediales catastrales para que se eleve el recaudo local. Estos nuevos ingresos y los que lleguen por regalías deberán ser gastados de forma eficiente en la provisión de verdaderos bienes públicos locales (servicios públicos, conectividad, infraestructura de carreteras y social, entre otros) que generen las condiciones para el crecimiento de la actividad empresarial y la generación de empleo.

Para ello se requerirá el apoyo de Departamento Nacional de Planeación, para que, como brazo técnico del Estado, profundice su buena labor y pueda apoyar a las regiones en la estructuración de proyectos, pero simultáneamente, incentive la formación de capital humano e instituciones fuertes a nivel territorial.

Por último, será necesario el compromiso de la sociedad civil regional. Además de los recursos propios de cada territorio, el presupuesto nacional transfiere anualmente a las regiones cerca de 4 puntos del PIB, luego será fundamental que los habitantes de las regiones se empoderen y fiscalicen el uso de los recursos públicos.

Al final, la responsabilidad de cerrar las brechas es compartida. Requiere de acompañamiento del nivel central, pero también un fuerte compromiso regional.