La percepción de inseguridad ha ido en aumento en el país. Las noticias que llegan de las regiones sobre conflictos entre bandas y “paros armados”, se suman a las que se ven en las principales ciudades que muestran atracos y otros delitos. Esto hará seguramente que este tema sea prioritario en el debate electoral que vendrá en unos meses.

En el sector financiero, la narrativa reciente mencionaba un control a los delitos físicos, pero un incremento de los delitos provenientes del mundo digital. Pese a ello, las cifras daban un total parte de tranquilidad con solo $6 de cada $100.000, sujetos de una posible reclamación por fraude.

¿Qué muestran las cifras más recientes de la Fiscalía? Por el lado de los delitos informáticos, hasta septiembre de 2024, estos mostraban un incremento de 28% en el número de casos, pasando de cerca de 5.000/mes en los primeros nueve meses de 2002 a un número más cercano a 6.400/mes en el año en curso. Se mantiene la tendencia de crecimiento que parte de un mayor nivel de transacciones digitales que hacen más fácil la vida al consumidor, pero también al criminal.

Por el lado de los delitos físicos, la tendencia es decreciente en fleteo y taquillazo. En efecto, en el primer caso, el número de casos ha venido cayendo desde un promedio de 127/mes en 2022 a 82/mes en 2024, y en el segundo caso el descenso ha sido de 12/mes en 2022 a 6/mes en 2024.

No obstante, sí hay un cambio en las cifras de incidencia en medios de pago, según cifras de Asobancaria. Por ejemplo, en el caso de hurto a tarjetas se pasó de 21.000 casos en los primeros nueve meses de 2022 a cerca de 33.000 en el mismo periodo de 2024, es decir un incremento de 25% en los últimos dos años, con reclamaciones cercanas a $0,5 billones.

Esto significa que, si bien hay que profundizar el trabajo para contener el incremento en los casos de delitos digitales, no se puede descuidar las estrategias para mantener a raya los delitos físicos. En el primer caso, se debe seguir trabajando en el uso de herramientas de ciberseguridad como la propia IA y la articulación entre el sector y las autoridades a través de los diferentes Csirt que hay en el país. En el segundo caso, se debe avanzar fuertemente en esfuerzos por sensibilizar a la ciudadanía, y mantener la coordinación entidades financieras - autoridades - Incocrédito, a través de los frentes de seguridad que han sido claves para desarticular bandas criminales.

Ha sido justamente en esos frentes de seguridad donde empecé a ver un patrón, que casi que se podría extrapolar a delitos por fuera del sistema financiero. En cada ciudad, a medida que se mostraban los casos de fraude, siempre aparecía que los autores eran reincidentes en el delito o habían estado una temporada en detención.

Por ello, si bien muchos de los actores del país trabajamos coordinadamente con las autoridades policiales y judiciales, hay una tarea pendiente: que la justicia de verdad disuada, que los que están por fuera de la ley reciban un castigo pronto y proporcional.

Seguramente, como dicen muchos estudios, se requerirá avanzar en mayor infraestructura carcelaria, meterle la ficha a la descongestión judicial, y empezar a debatir sobre si son necesarios incrementos de penas, pero es el momento. Ahora que seguramente se empezará a hablar de seguridad en campañas electorales, la política pública debería también avanzar en estos lineamientos.