La elevada informalidad y una tasa de desempleo por encima del promedio de América Latina son los dos grandes males del mercado laboral colombiano. Pero estos, no son consecuencia de la crisis que enfrentamos actualmente, son problemas estructurales. En el año 2019 (pre-covid), la tasa de desempleo promedió un 10,5% (2,6 millones de desocupados), y la de informalidad llegó al 59% de los ocupados, según la metodología del Dane que usa la encuesta de hogares (13,1 millones).

En 2020, estos problemas se agravaron. El desempleo llegó a 16,8% en agosto (casi 4 millones de desocupados), luego de un pico de 20% en abril; y la informalidad se acercó al 58% de los ocupados (11,5 millones). Estas cifras muestran, por un lado, que la destrucción de 2,6 millones de puestos de trabajo entre 2019 y agosto de 2020 fue atenuada por el crecimiento de 1,8 millones de personas inactivas (que no trabajan ni lo están buscando). Pero, por otro lado, evidencian que muchos de los que tenían empleos informales pasaron a engrosar el desempleo.

Haciendo mi propia interpretación de la teoría de economía laboral de Lindbeck y Snower (1988) del insider-outsider para el caso colombiano, encuentro que “los de adentro” -es decir aquellos con trabajos formales- eran 9,2 millones de personas, en promedio, en 2019, según metodología Dane, y bajaron hasta 8,2 millones (34,6% de la PEA) en agosto de 2020. Por su parte, “los de afuera” -los desempleados y los que tenían trabajos informales- pasaron de 15,7 millones en 2019 a 15,5 millones (65,4% de la PEA) en agosto de 2020. Así, la crisis de este año redujo en 11% el empleo de “los de adentro”, pero en el caso de “los de afuera” hizo una redistribución: elevando el número de desempleados que antes eran informales.

“Los de afuera” representan un gran problema socioeconómico para el país. El crecimiento de los desempleados llevó a la pobreza a muchos hogares que en años anteriores habían pasado a engrosar la clase media y esto exacerba la protesta social. Por su parte, la informalidad reduce la cobertura pensional, eleva las presiones fiscales (mayor gasto en el régimen subsidiado de salud), incentiva la elusión y evasión tributaria, aumenta el sobreuso del efectivo y hasta impide llegar adecuadamente a los hogares que necesitan ayudas sociales.

Por ello, una reforma laboral es absolutamente necesaria en estos momentos. Esta reforma debe generar incentivos para la contratación laboral formal realineando el costo de la relación capital/trabajo para que este último se abarate. Un ejemplo exitoso de esta estrategia fue lo ya realizado en la Ley 1607 de 2012.

Sin embargo, será muy poco probable avanzar en esta reforma si lo que se busca es consenso porque el mercado laboral está dividido en grupos con distintos intereses. “Los de adentro” (el 34,6% de la PEA) quieren mantener o, incluso, elevar sus privilegios. En cambio, “los de afuera” (el restante 65,4%), más que nuevos privilegios, lo que quieren es una oportunidad de entrar en ese mercado formal.

Por esto, debe ser el Gobierno Nacional, como responsable de la política pública, quien lidere una discusión técnica de este tema. Afortunadamente, hay numerosos estudios que mencionan propuestas en las cuales avanzar. Al final, lo que debe lograrse es un equilibrio que preserve los derechos adquiridos de “los de adentro”, pero que permita hacer una verdadera inclusión de “los de afuera”.