La tasa de oferta interbancaria de Londres (Libor, por sus siglas en inglés) fue durante décadas la referencia para muchas de las operaciones financieras a nivel mundial. Entre 2004 y 2009, se conocieron indicios de su manipulación, lo que dio lugar a fraudes billonarios y a sanciones para las entidades involucradas por cerca de US$4.000 millones, todo derivado de la forma de cálculo del indicador.

En efecto, la Libor se basaba en la información reportada por las principales entidades financieras a nivel global para estimar el costo del dinero que recibían de otros bancos y no en información proveniente de operaciones reales.

Una década después, las autoridades estadounidenses y europeas condujeron la migración hacia tasas que reflejaran los costos reales de fondeo de las entidades. En el caso de las operaciones en dólares, por ejemplo, la referencia pasó a ser la SOFR. En Colombia también estamos en el tránsito hacia una tasa que refleje mejor el costo del financiamiento de corto plazo.

A principios de la década de los ochenta se creó la DTF como indicador de fondeo, medido como el promedio de los CDT a un plazo de 90 días. Sin embargo, pese a su recordación en la mente de las personas, esta tasa arrastraba problemas, entre los que sobresalían su falta de representatividad de todos los instrumentos de fondeo de la economía y la lenta transmisión de las señales de la política monetaria.

Por ello, en 2008, en respuesta a esas limitaciones, el Banco de la República, junto con el sector financiero, desarrolló el Indicador Bancario de Referencia (IBR). Se trata de una referencia que refleja de mejor manera la oferta y demanda de dinero de corto plazo, basada en operaciones reales de las ocho entidades más representativas del mercado local. Este indicador agiliza la transmisión de la política monetaria y reduce el riesgo de manipulación, porque cuenta con una metodología que excluye los datos atípicos y sigue los estándares internacionales.

Aunque durante los últimos 18 años han coexistido los dos indicadores en Colombia, la Ley 2294 de 2023, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, estableció que desde el 1 de enero de 2027 solo permanecerá el IBR.

Ante ello, las diferentes entidades del mercado se han venido preparando durante los últimos años. Allí hay que incluir a los corredores, los formadores de precios, el Emisor, los gremios, el mercado de valores, las entidades públicas y todo el sistema financiero privado.

En este último caso, la migración está bastante adelantada y las entidades han avanzado, desde sus áreas de tesorería y comercial, en el cambio de las ofertas de crédito y de los productos de ahorro hacia la referencia del IBR.

Sin embargo, hay que profundizar una tarea que inició hace varios años y que es clave en los seis meses que quedan: la educación financiera y la experiencia del consumidor. Que todos los ciudadanos y empresarios entiendan para qué sirve el IBR y cómo pueden utilizarlo se vuelve una tarea fundamental en la que deben trabajar de manera conjunta tanto el sector financiero como las autoridades económicas.

Esto es crítico porque el proceso en el que se ha embarcado el país es clave para avanzar hacia una señal más adecuada en materia de financiamiento y traerá beneficios estructurales para la economía en el mediano plazo. No obstante, olvidar que el consumidor necesita comprender bien este cambio puede generar una percepción negativa que empañe una migración necesaria.