En mi posición laboral anterior recorrí el país muchos años haciendo presentaciones sobre la coyuntura macroeconómica de Colombia y el mundo a audiencias diversas de empresarios y funcionarios públicos de las regiones. En muchas de esas charlas, al llegar a la parte de la política fiscal del país, la audiencia me replicaba que la solución al problema del faltante fiscal radicaba en eliminar la corrupción.

En el imaginario colectivo existe la percepción, a veces exagerada, de que los niveles de corrupción son altísimos y que el desangre del erario es lo que no permite avanzar al país. En el frente fiscal sucede algo similar. De hecho, una simple encuesta con algunos analistas económicos permite llevarse la idea de que el potencial de mayor recaudo al reducir la corrupción oscila entre $20 y $80 billones.

Sin embargo, reducir o eliminar la corrupción no es algo sencillo porque es un mal incrustado en toda la sociedad y del que a veces no se tiene conciencia plena. Es simpático ver, por ejemplo, como los mismos que se rasgan las vestiduras ante los escándalos que publican los medios, son los mismos que en un semáforo hacen doble fila para cruzar (o tercera fila si en el cruce se permiten dos). Y eso es solo para poner un ejemplo sencillo. Lo mismo ocurre en trámites ante entidades públicas, en el propio pago de impuestos (con el famoso con factura o sin factura) y ya se empieza a ver en el proceso de vacunación de covid-19. La aversión a no cumplir los deberes ciudadanos (a no hacer la cola) termina generando que en la práctica todos fomentemos la corrupción.

La solución a este mal endémico es de largo aliento. A nivel general, más que leyes nuevas, implica ser más asertivos en la fiscalización de las que ya existen. Esto, sumado a pequeños “empujones” regulatorios, a una buena dosis de cultura del deber ciudadano y a una verdadera sanción social a los corruptos empezaría a hacer la diferencia.

En materia fiscal, reducir la corrupción y la consecuente evasión pasaría, entre otras, por controlar con mayor fortaleza el contrabando en puertos y aeropuertos; eliminar algunas exenciones tributarias, que en muchos casos contribuyen más a enredar las operaciones que a financiar bienes meritorios; y a hacer declarar (aunque no necesariamente pagar) Imporrenta cada vez a más personas. Esto último, aunque generaría un recaudo limitado, lograría la obtención de un nivel muy importante de información que sería útil para, por un lado, taponar las maniobras elusivas de muchas empresas y personas de altos ingresos y, por otro, crear un sentido de pertenencia con el recaudo tributario que haría a los ciudadanos verdaderos fiscalizadores de los recursos públicos, algo que hoy no ocurre.

Pero todo esto sería un proceso de largo plazo. Las propias cifras oficiales estiman que las ganancias en gestión de la Dian, derivadas de esta lucha contra la corrupción y la evasión, oscilaron “apenas” entre 0,3% y 0,5% de PIB por año en 2018-2020. Por ello, la respuesta hoy otra vez no puede ser que eliminar la corrupción solucionaría el problema fiscal. Es cierto, como hemos visto, que ayudará, pero este será un proceso largo. Para las necesidades de hoy no hay soluciones mágicas, es imperativo hacer un ajuste fiscal que eleve el recaudo y su progresividad sin afectar más la competitividad empresarial.