No más tiros en el pie

Dentro de las razones para el abultado déficit fiscal del país aparece el creciente nivel de gasto público reciente. En la última década, este se incrementó en 4,3 puntos del PIB, siendo especialmente crítica la fase posterior a 2020. Subimos el gasto para responder a la pandemia y nunca lo ajustamos.

En efecto, el gasto del Gobierno pasó de 18,9% del PIB en 2014 a 23,2% en 2024. No obstante, entre 2014 y 2019, este se redujo 0,2 puntos, pasando de 18,9% a 18,7% del PIB. En 2020, como respuesta a los esfuerzos necesarios para atender los efectos de los confinamientos, el presupuesto estatal se incrementó a niveles de 23% del PIB y de allá no bajó (con la corta excepción de 2022).

Por rubros, el pago por intereses creció 2,1 puntos del PIB entre 2014 y 2024, donde dos terceras partes de este incremento lo explicó el crecimiento de los pagos por deuda interna. Los gastos de funcionamiento crecieron 3,1 puntos del PIB en ese mismo periodo. Allí, las transferencias al sector salud y al Fondo de los Combustibles, Fepc, explican 90% del aumento. En contraste, la inversión cayó un punto del PIB en la última década, lo que no es sorpresivo, dado que es una de las pocas categorías que es susceptible de reducirse.

Estos resultados dejan más claro el camino que debemos seguir a futuro para el ajuste que se requiere. Para este se podría avanzar en tres propuestas generales.

En primer lugar, es clave tener claro que el nivel de gastos no puede seguir creciendo en el futuro. La señal de crecimiento para la proyección de 2025 y 2026 debería reevaluarse. Además, es imperativo no seguir dándonos tiros en el pie con mayores compromisos de gasto futuro.

Por ejemplo, el pago por servicios personales (nómina) crece 0,4 puntos del PIB ($7 billones) en 2025 justo cuando es claro que el Estado tiene problemas fiscales, luego la señal debería ser la contraria. Y, por supuesto, la reforma al Sistema de Transferencias Territoriales, SGP, genera una presión que hará inviables muchos otros rubros de gasto desde finales de esta década. Claro, dirán que la ley de competencias (que debe aprobarse antes de acabarse este año) hará neutros los efectos del cambio en el SGP, un objetivo muy difícil, pero que sería la única tabla de salvación para las maltrechas finanzas públicas.

En segundo lugar, hay que trabajar en mecanismos que reduzcan la inflexibilidad del presupuesto público, hoy entre 85% y 90%. Este es un tema complejo porque mucha de esa rigidez es normativa, pero podrían pensarse algunos ajustes. Esto será fundamental para evitar que la categoría de “ajuste” sea siempre la reducción de la inversión, justo el elemento que se necesita para que el país crezca más.

Finalmente, y de manera más práctica, es necesario liberar el precio del diésel. Aunque claramente hay motivaciones políticas y grupos de interés detrás, que el país pague hasta $20 billones anuales para subsidiar a quienes usan este combustible solo genera más inequidad, financiada con los recursos de los contribuyentes.

En materia de gasto público se requiere un ajuste de 2%-3% del PIB que lo acompase a nuestros niveles de ingreso potencial. Para ello, es necesario dejar de darnos tiros en el pie con gastos futuros que no tienen espacio y pensar estrategias que reduzcan la inflexibilidad y que más bien vuelvan al presupuesto un instrumento de equidad y crecimiento para el país.