Hace unos días el Dane publicó la cifra de la Productividad Total de los Factores (PTF) correspondiente al total nacional para 2022, dato que permite ver el estado de una variable fundamental para el crecimiento económico y que jugará, junto con la inflación, un rol principal para la discusión que recientemente comenzó en las mesas de concertación de salario mínimo.

De acuerdo con la entidad, la contribución de la PTF al crecimiento del valor agregado de este año fue de 1,24 puntos porcentuales (pp). Esta cifra, cuya estimación se obtiene a partir de metodologías que siguen los estándares internacionales, es a todas luces positiva en la medida que superó ampliamente la observada el año anterior (0,53%) y el promedio de la última década (0,46%).

Aunada a la contribución de la productividad al valor agregado, el mejor desempeño del mercado laboral y la inversión han permitido que la economía colombiana se haya mostrado más dinámica que la de sus pares regionales y se haya recuperado completamente frente a la crisis de 2020. Dicho lo anterior, es claro que a corto plazo nos veremos abocados a riesgos considerables sobre el crecimiento como lo son la esperada desaceleración de la economía global en 2023, mayores costos de financiamiento externo, un contexto menos positivo para la inversión extranjera directa y el gradual agotamiento del bono demográfico.

Este panorama obliga a las autoridades y el sector privado a trabajar de manera conjunta y con ahínco para hacer frente a los lastres en competitividad que afectan la productividad de las empresas como lo son, entre otros, las deficiencias de la infraestructura multimodal y en telecomunicaciones del país, los bajos niveles de calificación que presenta una parte significativa de la fuerza laboral, el elevado costo del uso del capital y la existencia de múltiples barreras arancelarias y no arancelarias.

A la par que se estructuren políticas que hagan frente a los retos mencionados, se deberá preservar la estabilidad macroeconómica, tal y como ha reiterado el Ministro de Hacienda. Para lograrlo, un paso en la dirección adecuada será el de fijar un incremento del salario mínimo con base en lineamientos técnicos, reconociendo tanto las ganancias en la productividad como el impacto que podría tener esta medida sobre el empleo y la inflación (y su efecto en los hogares más vulnerables).

En un contexto tan complejo y retador como el actual, en donde está en juego la dinámica de la creación de empleo, la formalidad laboral y el mantenimiento del poder adquisitivo de los colombianos, la negociación salarial deberá regirse por criterios técnicos que tengan en cuenta las cifras de inflación y las de productividad ya comentadas. Incrementos que superen ampliamente lo que dictan dichos criterios técnicos podrán generar un alza en la tasa de desempleo, particularmente alta en Colombia en relación con otros países de la región, así como en la informalidad laboral, que hoy bordea 58% a nivel nacional, según el Dane.

Buscar un consenso en la mesa de concertación del salario mínimo con base en argumentos técnicos no solo favorecerá a los trabajadores y la generación de empleo, sino que también dará una buena señal a empresas e inversionistas sobre el manejo responsable de la economía.