El elevado tamaño del sector informal sigue siendo uno de los principales problemas del país. A nivel empresarial, la informalidad ronda los niveles de 50% en las MiPymes (Anif, 2017). A nivel laboral, ésta asciende a 59% de los ocupados, según el Dane. En esto, estamos peor que nuestros pares regionales, tal vez con la notable excepción de Perú (75% de informalidad).

De acuerdo con diversos estudios técnicos, las causas de esos niveles de informalidad son variadas. Algunos ejemplos de estas son, por el lado empresarial, que los costos superan los beneficios al momento de formalizarse y, por el lado laboral, el elevado costo de contratación formal. En este último caso, siempre aparecen los costos no salariales, que llegan aún a 50% del salario y las rigideces de contratación y despido.

Las consecuencias son nefastas para el país. A nivel empresarial, sobresalen preocupantemente, entre otros, la contribución que la informalidad hace a los niveles de elusión y evasión en Imporrenta e IVA, afectando el recaudo de impuestos que el país necesita incrementar, y la competencia desleal con el sector formal de la economía. Todo esto es alentado por un creciente uso del efectivo que lo facilita. A nivel laboral, aparecen los escasos niveles de cobertura en pensiones y los bajos niveles de productividad laboral, que afectan la remuneración de los empleados. Al final, todos estos elementos reducen el crecimiento económico de largo plazo.

Incluso en esta pandemia, la informalidad ha sido un gran obstáculo. Por ejemplo, limita la efectividad de los confinamientos porque después de un tiempo la gente debe salir a buscar ingresos para subsistir en el día a día, no puede quedarse en casa. Por otro lado, dificulta las transferencias de subsidios, pues pese al gran esfuerzo del Gobierno Nacional por llevar a tres millones de personas el Ingreso Solidario el año pasado, aún persisten dos millones de hogares vulnerables en el país por fuera de estos programas.

En la búsqueda de soluciones sin duda ha habido avances en los últimos años. Aquí destaco, entre otros, la Ley 1607 de 2012 (que sustituyó el fondeo de algunos parafiscales), las iniciativas surgidas desde las Cámaras de Comercio y otros actores del sector privado, lo actuado por el Ministerio de Comercio, o algunas metas plasmadas en el Plan de Desarrollo 2018-2022.

No obstante, la política pública debería enfocar gran parte de sus esfuerzos en la profundización de las soluciones a este problema. Es imperativo, por ejemplo, que a nivel empresarial se reduzcan más los costos para volcarse a la formalidad, que a nivel laboral se generen incentivos para la contratación formal, y que transversalmente, se den pequeños “empujones” (nudges como los llaman los teóricos de la economía del comportamiento) regulatorios y culturales para que el colombiano promedio comprenda las ventajas para el país y para él mismo de ser formal.

No se trata de nuevos estudios en temas ya sobrediagnosticados, ni de desgastarnos pensando cómo hacer más vendibles y políticamente viables las reformas necesarias que ya sabemos que deben contener. Si nos ponemos en esas, vamos a perder el consenso que hay sobre el tema para poder actuar ya y terminarán triunfando aquellos que repiten y repiten argumentos sin ninguna cifra de sustento o aquellos que prefieren el status quo.