La pandemia derivada del covid-19 ha dejado profundas cicatrices socioeconómicas en el país. Pese a que, en términos de PIB, según las cifras de los principales analistas, recuperaríamos los niveles de 2019 al final de este año, el preocupante ascenso del desempleo y los mayores niveles de pobreza serán elementos para trabajar en materia de política pública en los siguientes años.

Sin embargo, hay una buena noticia en medio de esta crisis y es la creciente transformación digital de la economía. Los confinamientos, decretados para contener la propagación del virus mientras se preparaba la infraestructura hospitalaria, aceleraron un proceso que ya venía ocurriendo en los últimos años gracias a un buen nivel de inversión y de transformación en sectores como el financiero, el de comercio, las telecomunicaciones, entre otros.

Por ejemplo, en el caso del sector financiero, el monto de las operaciones en canales digitales llegó a 48% del total al cierre de 2020, superando ampliamente las transacciones en canales físicos como sucursales y corresponsales (26%), un fenómeno que ocurre desde mediados de 2018. De igual forma, se ha elevado la oferta de mecanismos de pago digital, como los códigos QR o las tecnologías de aproximación. Además, en el último año, en parte gracias a la distribución de subsidios públicos, se incrementó en 2,6 millones el número de bancarizados, especialmente a través de cuentas simplificadas (digitales) que ya tienen 16,7 millones de adultos.

Estos ejemplos y los de otros sectores significan un avance trascendental que seguramente servirá para apalancar el crecimiento de la productividad del país en los próximos años. Justamente esto es lo más importante de esta transformación, pues dicho incremento de la productividad ayudaría a que regresemos a cifras de crecimiento superiores a 4% real de forma sostenida, generando nuevo empleo formal y mayores ingresos para los hogares.

No obstante, hay retos en los que se debe trabajar para lograr estos beneficios. Por ejemplo, es fundamental profundizar las estrategias de ciberseguridad. En este frente, el sistema financiero ha avanzado en tecnología y tácticas que han contenido los impactos de la elevación de las denuncias por ciberdelitos, y se ha generado un ecosistema de prevención que combina fuerzas entre el Estado y el sector privado. Continuar incorporando dichos avances tecnológicos a los esquemas preventivos, fortalecer la articulación público-privada, y trabajar con el Gobierno en algunos temas normativos son elementos esenciales para frenar el creciente fenómeno de delitos informáticos y mantener la confianza de la ciudadanía en lo digital.

Adicionalmente, se hace necesario ampliar los esquemas de educación financiera para los consumidores a temas de prevención del fraude cibernético.

Por último, en materia de política pública no podemos olvidar la elevación de la cobertura de internet en el país y sobre todo cerrar la brecha urbano-rural que, según el Dane, era de 40 puntos en 2019 (62% urbana vs. 21% rural), para disminuir las barreras de entrada al mundo digital.

Avanzar en estas tareas permitiría aprovechar el cambio estructural digital que aceleró la pandemia y lo convertiríamos en el acelerador de la recuperación que necesitamos que llegue en los próximos años en forma de mayor empleo, sobre todo para una juventud nativa digital, y reducción de la pobreza.