A finales de los años ochenta, Colombia era otro país, que enfrentaba fuertes desafíos económicos, sectoriales, políticos e institucionales. Una inflación persistente por encima de 30%, el reto frontal de la mafia a las instituciones, o la gestión de hechos provenientes de la fuerza de la naturaleza como el desastre de Armero o el apagón, eran algunos ejemplos.

Esos desafíos eran evidentes al mirar los indicadores socioeconómicos de aquella época. Por ejemplo, la pobreza llegaba a 60%, cifra que se asemejaba a la de los países más pobres del medio oriente. Los homicidios alcanzaban los 78 por cada 100.000 habitantes en un mundo donde España o Chile tenían registros de menos de 5. De la misma manera, la afiliación a salud no llegaba a 30% y la cobertura en educación media-superior no alcanzaba a 25% de la población en edad para estudiar. Finalmente, el sector financiero era estable, pero pequeño, solo abarcaba 21% del PIB en crédito.

Pero a lo largo de los años noventa las cosas cambiaron. El liderazgo político, empresarial, financiero, judicial, deportivo y hasta militar nos permitió salir del atolladero. Diferentes decisiones marcaron un punto de inflexión. Tal vez la más destacada fue la Constitución de 1991. Pero también hubo otros elementos que nos permitieron avanzar como país: la decisión de recuperar la seguridad; la provisión de bienes públicos, incluyendo al sector privado donde era más eficiente; y la política pública basada en evidencia y datos y no en discursos, con dos ejemplos destacados, la confiabilidad del sistema eléctrico y la construcción de la infraestructura.

Esos elementos aplicados por casi 40 años generaron un verdadero cambio socioeconómico. En efecto, para 2019-2023, la pobreza cayó a menos del 40% (aun con pandemia), los homicidios bajaron a la tercera parte (aun altos, pero con una situación de seguridad significativamente mejor), la afiliación a salud llegó a 95% y la cobertura en educación media-superior avanzó hasta cerca de 50%. Finalmente, la inclusión financiera se volvió universal (97% de la población adulta) y la profundización de crédito, aunque sigue baja, se dobló. Claro, la tarea para ser un mejor país persiste, tal vez con mayor ahínco en seguridad y calidad educativa, pero los avances mostrados son incontestables.

El problema es que hoy, como ayer, el país vuelve a enfrentar una serie de desafíos. Por ejemplo, el hueco fiscal llegaría a 7% del PIB al cierre de este año y los grupos armados vuelven a tener presencia en 71% del territorio. Además, la naturaleza vuelve a mostrar su poder: el terremoto en el suroccidente implica esfuerzos de reconstrucción por $30 billones y el desafío del Super “El Niño” se suma a las tareas no hechas en el sistema de generación eléctrica poniéndonos en riesgo de un nuevo apagón. Finalmente, aparecen fuerzas estructurales como el envejecimiento de nuestra población, con serios efectos en la seguridad social, y el auge de la Inteligencia Artificial en un país donde la fuerza laboral es mayoritariamente informal.

Pese a ello, soy optimista. Ya hemos demostrado cómo salir de situaciones similares. Hoy el llamado es a todos nuestros líderes. Es el momento de volver a liderar, de confiar en la política basada en la evidencia, para que, en este nuevo punto de inflexión que nos pone la historia, podamos llevar a la población colombiana hacia el progreso.