Precipitarnos a legislar sobre la inteligencia artificial (IA) nos aleja de su desarrollo. Necesitamos estimular esta industria para ser competitivos.

En los últimos seis meses se presentaron cuatro proyectos de Ley sobre IA. Van desde aproximaciones generales frente a su desarrollo, uso e implementación, hasta la necesidad de armonizarla con el derecho al trabajo y mitigar una pérdida masiva de empleos. En paralelo, los ministerios de TIC y Ciencia anunciaron nuevas políticas para garantizar la adopción ética y sostenible de la IA y la presentación de otro proyecto de Ley en este mismo sentido.

Los mitos alrededor de la IA han llevado a que exista una falsa idea de que si no se regula, puede ocasionar conflictos entre máquinas y humanos, filtraciones masivas de información confidencial y pérdidas masivas de puestos de trabajo. La desinformación ha impedido que entendamos por qué surgió, su evolución, los beneficios que ha traído y continuará generando si se fomenta su desarrollo y uso responsable e, incluso, los riesgos reales que conlleva.

La IA es tecnología informática que imita funciones cognitivas de los humanos. Se conceptualizó y probó a finales de los 50 y avanza rápidamente a medida que aumenta la capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de datos. La encontramos en muchos softwares de uso diario (Netflix, Rappi, Tinder, Uber); ha logrado automatizar procesos, reducir errores humanos, predecir con más precisión y aumentar eficiencia en muchos sectores. En noviembre en el Safety Summit de IA se discutió sobre su regulación. Aunque hubo consenso en la necesidad de cooperar para fomentar su desarrollo y uso seguro, aún no hay acuerdo sobre cómo regularla para estimular la innovación y su crecimiento, mientras se garantiza la protección de los derechos de los usuarios y se promueve una competencia sana.

Antes de sumarnos a la proliferación de normas que controlen la IA, debemos considerar la realidad de nuestro mercado y de su desarrollo. Los países líderes en este campo son los que destinaron recursos para apoyar a la academia y las empresas a invertir en investigación y desarrollo (i+D). Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Colombia tiene el gasto gubernamental en IA más bajo de la región y existe un déficit en capital humano avanzado y requerido para i+D de alto impacto y en mercado local de IA.

De acuerdo con ese índice, tenemos un puntaje perfecto en regulación. Robustas normas sobre competencia, protección y tratamiento de datos personales, penales y un derecho laboral garantista, disipan las infundadas preocupaciones existentes. Además, nuestro mercado digital no es comparable con los de Estados Unidos, China, la UE; ni siquiera con los de Brasil y Australia, como para justificar el afán de legislar para proteger la industria local.

El WEF recientemente publicó el Global Risks Report 2024 donde explican algunos riesgos reales del uso irresponsable y malicioso de la IA: desinformación y mala información, sofisticación del cibercrimen y amenaza a la privacidad de los datos. Si tanto se quiere legislar y mostrar acciones, actualicemos nuestras normas sobre habeas data a las nuevas formas de uso y tratamiento de información pública y confidencial y aprobemos nuestro proyecto de Ley que crea la Agencia de Seguridad Digital.

No abordemos la IA con restricciones a desarrolladores y usuarios, eso afectaría nuestra incipiente industria. Legislemos para promover el desarrollo de tecnologías que hagan más eficientes los procesos productivos, la formación en habilidades digitales y en inglés - el idioma global (no el suajili), y la eliminación de barreras para la expansión de redes TIC. Si así lo hacemos construiremos una verdadera sociedad digital.