En un momento caótico en materia fiscal, con desfinanciación de cada vez más exigentes programas sociales y mayores necesidades para un país más consciente de su crecimiento, se hace urgente repensar una reforma completa que abarque más allá del sistema tributario, con objetivos muy concretos para la creación de empresas, la formalización empresarial y laboral, la lucha contra la evasión y una absoluta austeridad estatal. El Gobierno Nacional asume este reto tras una promesa de campaña directa que se basó en el lema “menos impuestos, más salarios”.
Para ello, sería importante tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de presentar las modificaciones normativas y la implementación de acciones concretas para la reducción del gasto público:
1. Es necesario reducir de manera sustancial el impuesto de renta sobre las empresas, ahogadas en un sistema tributario casi expropiatorio y nada competitivo globalmente, con el objetivo de aumentar la inversión, crear nuevas empresas, generar más puestos de trabajo formales en las compañías existentes y mejorar el salario de los trabajadores para aumentar su capacidad de consumo. Y no es que se pierdan los ingresos por impuestos para el Estado.
Al contrario, estas decisiones podrán generar un crecimiento económico superior que repercutirá en unos ingresos estatales mayores a los actualmente generados. Es importante anotar que las empresas nuevas requieren un tratamiento especial, pues no pueden ser acosadas en sus primeras etapas por impuestos asfixiantes que no les permiten avanzar o por la mala fe que supone la renta presuntiva.
2. Es necesario reducir la cantidad de trámites para las empresas, incluyendo el número de impuestos existentes: la excesiva regulación desestimula la creación y crecimiento empresarial. Con menor número de impuestos podría llegarse a los mismos recaudos, sin necesidad de complicar el trabajo empresarial y, paralelamente, evitar la burocracia innecesaria del Estado para su administración. Esto aplica para todos los niveles estatales: nacional, departamental y municipal.
Si a ello se suman los requerimientos de tantas otras entidades estatales (los más comunes son superintendencias, corporaciones ambientales y gobiernos locales o regionales), demuestra que el Estado actúa más con la visión persecutora con el empresariado por encima de una muestra de confianza que impulse el desarrollo económico y social.
3. Es necesario un combate frontal contra la evasión: con sistemas tecnológicos cada vez más fuertes, con información en línea sobre transacciones financieras nacionales e internacionales, con la propuesta ya esbozada sobre mayores controles a los flujos de efectivo (https://3. www.larepublica.co /analisis/alfredo- ramos-maya-400126/una-idea-factible-para -combatir-la-corrupcion-2763537), con mayores controles por parte de la autoridad fiscal, podemos generar la mayor reforma tributaria sin necesidad de afectar el emprendimiento y el consumo. Cada recurso invertido vale la pena. Y debe ser prioritario antes de exigir otro tipo de solidaridades a la clase media.
4. Es importante que las personas naturales declaren renta, para mayor transparencia del sistema, pero no es justo exponerlas a cargas adicionales a las que ya recaen en ellas, especialmente para una clase media agobiada por el aumento de impuestos como la retención en la fuente, IVA y predial. El Estado podría asumir los costos de dichas declaraciones, basadas en herramientas tecnológicas que deben fortalecerse.
5. Es sano revisar las exenciones a diversos impuestos, sin afectar a los más vulnerables. Un sistema de devolución de impuestos sería una alternativa, pero se requieren que sus costos sean inferiores a los ingresos. Todo un camino por recorrer pero que debe avanzar con seriedad.
6. Se hace necesario revisar el modelo de subsidios estatales, que aumenta la inequidad especialmente en materia pensional, que desestimula la formalización laboral y que permite que sectores clientelistas corruptos se apropien de políticas públicas para fortalecer sus fortines electorales.
7. Se debe acabar con el derroche estatal, especialmente en nóminas paralelas llenas de “corbatas” (personajes que cobran sin trabajar), en publicidad para alabar al gobernante de turno, en gastos suntuosos en eventos, y en investigaciones innecesarias de las que están llenas los anaqueles de nuestras entidades públicas.
Cualquier reforma pensada debe comenzar con el ejemplo estatal, la confianza al empresariado y el mayor uso de la tecnología como herramienta de apoyo a la lucha contra la ilegalidad. Soluciones simples que cambien dinámicas.