Ya que en el orden nacional las alianzas público-privadas-comunitarias no parecen tener verdadero ambiente de acogida, es clave que los departamentos y municipios, en las próximas elecciones del 29 de octubre, elijan alcaldes y gobernadores, que se tomen en serio estos instrumentos de gestión para buscar soluciones sostenibles a diversos retos que enfrentan sus territorios.

No hay tema relevante para el bien común que no exija edificantes acuerdos entre actores de la comunidad y sociedad civil, actores de la vida privada económica y empresarial y actores públicos estatales.

La anterior premisa aplica para escenarios territoriales de orden local, regional, nacional, internacional. Cada uno de esos niveles implica distintos grados de comple-jidad que no pueden ser soslayados ni reducidos a fórmulas simplistas, como las que aman y vociferan los populismos.

Retos en materia de seguridad, conectividad vial, aérea, marítima, fluvial y digital, salud, educación, saneamiento básico, crédito, sostenibilidad económica, social, ambiental, energética y alimentaria, trascienden las fragmentarias y excluyentes lógicas que imponen ideologías estadocéntricas, agazapadas en la trinchera de lo público, mercadocéntricas, agazapadas en la trinchera de lo privado, y voluntaristas, agazapadas en la trinchera del mutualismo y la solidaridad.

Cada una de esas trincheras aúpan modelos populistas y radicales que flaco favor hacen a la gestión sostenible y competente del bien común.

Ni el Estado, en nombre de lo público, puede arrogarse de manera excluyente la agencia de lo social, ni el mercado, en nombre de lo privado, puede arrogarse de manera excluyente la agencia de la competitividad, ni las comunidades, en nombre de del mutualismo, pueden arrogarse de manera excluyente la agencia de la solidaridad.

Salvo contadísimas excepciones, hay que decir que los monopolios público, privados y “solidarios”, en cualquier campo, traen indeseables consecuencias para la vida comunitaria, económica y política.

Estado, mercado y comunidades deben concurrir de manera mutuamente subsidiaria y solidaria en alianzas público-privadas-comunitarias socialmente competentes, para resolver temas que atañen al bien común.

No es bajo la intoxicada comunicación y ligeras generalizaciones que descalifican sin matices a los actores públicos estatales, a los empresarios y a las organizaciones comunitarias y solidarias, que vamos a lograr comunidades de propósito a nivel territorial y nacional.

Las alianzas público-privadas-comunitarias tienen como punto de partida insoslayable, el mutuo respeto, la superación de prejuicios y la liberación de las trampas ideológicas.

La gestión competente de instrumentos como los fondos parafiscales que operan en el sector agropecuario en Colombia, las concesiones en infraestructura, el programa de obras por impuestos, las concesiones en materia de educación básica y media, entre otros, no pueden quedar en el corcho en remolino de discusiones entre izquierdas y derechas, entre neoestatistas y neoliberales, entre nacionalizaciones y privatizaciones; hay que ser muy aburridos para quedarse en ello, es menester dar espacio a la creatividad, los retos y problemas demandan soluciones sostenibles.