La modernidad introdujo dos categorías conceptuales que imponen un dualismo a las formas de pensar y actuar en la vida económica, social, política y cultural: lo privado - lo público.

Es tan acendrado ese dualismo que se habla de derecho privado y derecho público, economía privada y economía pública, administración privada y administración pública, seguridad privada y seguridad pública.
Se habla incluso de vicios privados y virtudes públicas; en los últimos tiempos, gustos privados buscan convertirse, cada día más, en agendas públicas.

Hay agendas de privatizar lo público y de hacer público lo privado. El estadocentrismo y el mercadocentrismo representan una arista más de estas dialécticas.

Los procesos políticos están permeados en función del papel y rol que se les reconoce a lo privado, a lo público, a los particulares y las comunidades en la gestión de temas de interés común.

Las recalentadas izquierdas y derechas tienen su parteaguas en la forma que simpatizan o disienten con lo público o lo privado y sus respectivas materializaciones institucionales.

Hay sectores políticos en América y Latina que hacen una sinonimia entre lo público y lo estatal; lo público implica la noción de servicio público, su garantía y su gestión tienen que ser estatales, con una burocracia creciente dedicada a la tarea.

La línea ideológica del gobierno Petro en Colombia, es de aquella que quisiera convertir todo lo público, los servicios públicos, en Estado y a este en burocracia.

Las propuestas de Mazzucato de alianzas público-privadas para desarrollar misiones estratégicas, no parecen haber sido del todo, hasta ahora, asimiladas por parte del actual gobierno.

El concepto de “servicio público” en manos de un proyecto gubernamental de talante estadocéntrico, implica desplazamiento sistemático de particulares en la gestión de lo público, concentración voluntarista de poderes regulatorios y afanes intervencionistas.

Galopa modelo estatista de la gestión en salud; está anunciada la concentración presidencial en comisiones reguladoras de servicios públicos domiciliarios; el apoyo que se anuncia a la educación se circunscribe a su versión pública.

¿Qué más sigue con el caballo de Troya de asumir que todo tema de interés común se reduce a un ¨servicio público¨ que es mejor operar con visión estadocéntrica?

¿Acaso toma de cadenas de supermercados? ¿Toma de control en entidades de ahorro y crédito? ¿Intervención de universidades y colegios? ¿Toma de control de líneas aéreas? ¿Toma de medios de comunicación? ¿De cooperativas? ¿De sindicatos? Al fin y al cabo, todas esas organizaciones y sectores, tienen por objeto misional la gestión de asuntos relacionados con servicios públicos de alto impacto para la comunidad. En democracia, la autonomía responsable de particulares y de la comunidad, no se puede socavar como resultado de un integrismo estadocéntrico que interpreta, de manera unidimensional y altamente ideologizada, el concepto de servicio público.

El bien común, tratándose de temas de sociedad y desarrollo, así como debe trascender las lógicas mercadocentricas, sin duda debe también trascender las visiones estadocéntricas; en últimas lo que hay que garantizar es la dignidad integral de las personas.