La sociedad y la comunidad civil son los ambientes donde se materializa, se potencia y se actualiza la autonomía de personas y organizaciones no estatales. La persona en sí misma, la familia, el vecindario, la iglesia, la institución de educación básica, media o superior, la empresa privada o solidaria, el gremio, el sindicato, la fundación, los voluntariados y el club, son expresiones, entre muchas otras, de sociedad y comunidad civil.
El ejercicio socialmente responsable de la autonomía y su acucioso cuidado, es el aporte que la sociedad y comunidad civil hacen para profundizar los valores democráticos.
Las autoridades gubernamentales en el ejercicio de sus funciones públicas, cuando están inspiradas en las actitudes, hábitos y comportamientos democráticos, tienen buen cuidado de tener una comunicación edificante y una comunidad de propósito y acción conjunta en pro del bien común con las diversas expresiones de la sociedad y comunidad civil, particularmente con los gremios que representan a diversos sectores productivos.
Cuando un alto funcionario gubernamental como un Presidente, un ministro o un consejero presidencial se pronuncia con tonos intimidatorios y vetos hacia un gremio y sus representantes y/o buscan socavar su autonomía para elegir sus representantes, ciertamente asestan un golpe a los valores y prácticas democráticas.
Cuando un gremio se amilana ante una pretensión gubernamental de interferir sus autónomos procesos misionales, termina convirtiéndose en facilitador culposo de avances antidemocráticos.
Algunos gremios, particularmente del sector agropecuario, administran fondos parafiscales creados por ley, que no son otra cosa que contribuciones que hacen productores vinculados a un subsector productivo específico, diferentes a sus responsabilidades tributarias, con la expectativa legítima de que la gestión de esos fondos, por parte de sus administradores, se traduzcan en actividades de asistencia técnica, investigación, programas de fortalecimiento y fomentos al subsector.
Los recursos parafiscales, más que recursos públicos estatales, son recursos de particulares al servicio de propósitos de bien común que conciernen a un grupo productivo con una identidad específica y una gremialidad reconocida. Un fondo parafiscal y su administración es un medio, y no un fin en sí mismo, para promover una edificante relación público-privada en favor de un sector específico. Un fondo parafiscal nunca debe dejarse convertir en mecanismo de presión política estatal para tramitar divergencias de coyuntura, ni en objeto de capturas por parte de intereses particulares.
Condenar las bases sociales de un gremio al vaivén de una agenda política de turno y socavar la cohesión interna de los gremios con apuestas populistas, que no es lo mismo que populares, es tan claramente posible, como ciertamente nada edificante para la profundizar la vida democrática.
A los gremios como cuerpos vivos de la democracia en medio de una sociedad y comunidad civil empoderada y participativa, les corresponde autónomamente profundizar y cualificar la dinámica democrática de sus asociados y vinculados y dar pasos hacia adelante, como vía para evitar que el populismo haga metástasis y rasgue sus propios tejidos sociales.