Las cifras en Colombia demuestran que sólo 8 de los 22 millones de personas que están trabajando, cotizan a pensiones con regularidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral en el país es de 60,6%. Esta es una realidad poco alentadora que debemos cambiar.
Para el Gobierno Nacional, la formalización de los trabajadores es una prioridad, y esto implica que para tener acceso al servicio de salud y protección para una vejez digna, tanto el trabajador como el empleador hagan un esfuerzo por cotizar a los sistemas de seguridad social. En este sentido, es necesario considerar la actualización y flexibilización de las formas de contratación en el país, para promover esquemas que faciliten la formalización laboral, para lo cual es fundamental, entre otros, permitir que los trabajadores aporten de manera proporcional al tiempo laborado, lo cual incluye el trabajo por horas.
Actualmente, al sistema general de pensiones se puede cotizar por semanas y al sistema de salud por mes. En ambos sistemas, la inflexibilidad del mecanismo de cotización ha llevado a que millones de trabajadores no contribuyan, teniendo capacidad de pago para hacerlo, lo que afecta la cobertura de la protección para la vejez, y en el caso de la salud, hace que la atención recaiga desproporcionadamente en el régimen subsidiado, lo que profundiza la situación económica ampliamente conocida, en la que el gobierno afronta retos para la financiación del sistema.
Es importante destacar que para la protección para la vejez, mecanismos como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) se constituyen en una alternativa para fomentar el ahorro de quienes, por encontrarse laborando en tiempos parciales, devengan menos de un salario mínimo al mes. Tenemos herramientas para ampliar la cobertura de nuestra seguridad social y es vital encarar esta discusión.
Para lograr sacar adelante este objetivo, es necesario contar con una nueva reglamentación que ofrezca mayores oportunidades a esta población que se encuentra en la informalidad, y así mismo, generar grandes beneficios para las personas que trabajan tiempos parciales o teletrabajan. Algunas son amas de casa o tienen alguna condición de discapacidad, que no les permite cumplir con un horario de oficina. En esto estamos trabajando desde la cartera laboral.
Cabe precisar que el desarrollo de esta iniciativa lleva consigo establecer regulaciones y controles precisos, con el fin de que no se utilicen estos mecanismos para evadir las obligaciones, y no afectar los derechos de los trabajadores. Desde el Ministerio, contamos con un sistema de Inspección Vigilancia y Control, que se encargará junto con otras entidades del Estado de realizar esta gestión de manera rigurosa.
Todo esto, enmarcado en la promoción de una política pública de empleo que propicie trabajos formales y estables, cuya finalidad es aumentar los ingresos de las familias colombianas, para contribuir a la creación de una Colombia más equitativa. Desde esta cartera estamos abiertos al trabajo conjunto con todos los empresarios, gremios, cajas de compensación, centrales sindicales, instituciones y academia, para continuar impulsando, no sólo la equidad social y los empleos de calidad, sino también la productividad nacional.
El Pacto por el Trabajo Decente, suscrito el pasado 9 de octubre, constituye un compromiso para establecer relaciones basadas en la solidaridad, fraternidad, confianza, sentido de pertenencia y crecimiento mutuo a partir del diálogo social, que permita llegar a consensos para sacar adelante temas determinantes como la promoción de condiciones para la generación de empleo digno y avanzar en formalización laboral, y este será el empeño que, desde la cartera laboral, seguiré impulsando no sólo para mejorar el ingreso y las condiciones laborales, sino también, para dignificar las profesiones y labor de cada uno de los colombianos.