Yo distingo dos tipos de riesgo de racionamiento del servicio de energía eléctrica: el uno inmanente, estructural, y el otro inminente. Este último, a su vez, tiene dos componentes. Veamos.

En cuanto al primero, aludo a la vulnerabilidad de la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como El Niño, habida cuenta de que 58% de la capacidad instalada de generación es hídrica y, por lo tanto, está expuesta a condiciones de hidrología crítica que comprometen su operatividad. Tanto más en cuanto que, de los veinticuatro embalses que les sirven a las centrales de generación, solo uno de ellos, El Peñol, que le sirve a Guatapé, tiene una capacidad de regulación de más de un año; los demás, a lo sumo, solo cuatro meses.

Esta vulnerabilidad pudo haberse mitigado de haberse cumplido el compromiso adquirido por parte del presidente Gustavo Petro de integrar a dicha matriz 6 GW de fuentes no convencionales de energías renovables (Fncer), entre eólica y solar fotovoltaica. Como se recordará, entre los años 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW a instalarse en 16 parques eólicos en La Guajira; los primeros de ellos han debido entrar en operación en 2022 y, hasta la fecha, no ha entrado ninguno. El avance en renovables se reduce a 1.874,79 MW en operación en granjas solares. El carácter contracíclico de las Fncer hubiera tornado más resiliente la matriz eléctrica frente al fenómeno de El Niño.

En cuanto al riesgo inminente, hablemos primero del déficit de la oferta de energía en firme (OEF). Como lo ha informado XM, existe en este momento un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Se está presentando un déficit de OEF para 2026 de 2,3%, que representa aproximadamente entre 250 y 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga.

De otra parte, es cada vez más inminente un apagón financiero de las empresas del sector eléctrico, que es como han llamado los organismos de control la crisis financiera a la que están abocadas por la deuda acumulada que las tiene en serias dificultades. Me refiero a las deudas por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que el Gobierno nacional se ha abstenido de girarles ($2,4 billones), y de la opción tarifaria ($3,2 billones), que el presidente Petro se comprometió, pero no cumplió, pagar.

El caso más patético es el de la empresa Air-e, la cual fue intervenida hace 20 meses. Ya son seis agentes interventores los que han desfilado por ella y no solo no se han superado las causales de insolvencia, iliquidez y falta de caja que determinaron su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, sino que esta se ha convertido en parte del problema y, por su negligencia, la empresa intervenida hoy no está mejor que cuando estuvo peor. Esta empresa adeuda más de $2 billones, de los cuales le adeuda a los generadores más de $1 billón. Ello amenaza con un efecto dominó que podría derivar en una falla sistémica.

Este es el estado en el que sorprende al sector eléctrico el anuncio de que el temido fenómeno de El Niño ya no es una probabilidad sino, como lo afirmó la directora del Ideam, Ghisliane, “una certeza científica… más severo que el de 2024”. En su más reciente reporte dijo que “el fenómeno de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto”; peor aún, su categoría “será fuerte o muy fuerte”. Ello llevó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a expresar en la Circular 40023 del 14 de mayo, dirigida a la Creg, que se cierne “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”. Dicho y hecho.

Y no es para menos, puesto que lo peor es que se viene configurando una tormenta perfecta en la que El Niño es solo el detonante. Veamos. El pasado Niño de 2024 lo pasamos, pero por la cornisa, a ras, gracias a que para entonces contamos con una reserva de capacidad excedente de generación de energía de 5%, y ahora, como ya quedó dicho, estamos en rojo. Hasta entonces tuvimos la holgura que hoy no tenemos en oferta de gas natural, el que necesitan las térmicas para operar cuando son requeridas, y van a ser requeridas.

Recordemos que desde diciembre de 2024 se está importando gas para satisfacer la demanda esencial y, para ello, solo se cuenta con la única regasificadora (la SPEC, en Barú, Cartagena), la cual está operando al límite de su capacidad de 450 Mmpcd. De modo que, muy seguramente, cuando las térmicas pasen de generar 15% a 55% y se requieran mayores volúmenes de gas importado, nos vamos a enfrentar al dilema de racionar el servicio de energía o racionar el suministro de gas natural, como ya sucedió en octubre del año anterior, cuando la Spec entró en mantenimiento programado. El peor escenario, que no descarto por la convergencia de estas falencias, es que tengamos al mismo tiempo racionamiento de energía y de gas natural.

La verdad sea dicha, el Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión; para ampliar la capacidad de importación de gas instalando nuevas regasificadoras; para cumplir, como es su deber, con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras; para adelantar, con sentido de urgencia, la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión; y para conformar una Creg que ha permanecido la mayor parte del tiempo en interinidad y durante un largo lapso sin quórum siquiera para tomar decisiones.

En su lugar, hemos tenido una política errada y errática, caracterizada por la imprevisión y la improvisación, en medio de una hostilidad permanente contra las empresas, satanizándolas y exponiéndolas constantemente a amenazas y medidas que, en lugar de atraer la inversión y a los inversionistas -que son, en últimas, los que hacen posible la concreción de los proyectos-, erosionan la confianza inversionista y se llevan de calle la seguridad jurídica.