Como es bien sabido Electricaribe venía bajo el control de la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy. La Ley eléctrica establece claramente que el servicio se debe prestar con sujeción a los principios de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. La empresa prestadora de este servicio en la región Caribe no cumplía, lamentablemente, con ninguno de ellos.

Se llegó al punto, en vísperas de su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de registrar un promedio de cortes de 90 horas / año, el doble del promedio nacional, que en ese momento era de 45,5 horas / año. Y llegó al extremo del impago a los generadores a los que se la compraba de la energía que distribuía a sus usuarios y a consecuencia de estos estaban expuestos permanentemente a “limitaciones de suministros”, que no es otra cosa que racionamientos programados de prestación del servicio, por parte del operador del Sistema, la firma XM.

En tales circunstancias no había otro camino distinto a la intervención, habida cuenta que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio es del Estado, así lo manda la Constitución Política, se procedió por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cabeza de José Miguel Mendoza a la intervención y posesión de Electricaribe, primero con fines de administración el 14 de noviembre de 2016 y a la postre con fines de liquidación el 14 de marzo de 2017.

Se procedió, entonces, a iniciar un proceso de búsqueda de un nuevo operador que viniera a ocupar el lugar de Electricaribe. De allí, que en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, se incorporara como capítulo especial, un Plan de salvamento que permitiera salir de esta encrucijada, el cual fue complementado posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento.

Entre las medidas que se contemplaron para lograrlo estaba el establecimiento de un régimen regulatorio especial para el mercado del Caribe, la ejecución de varios proyectos para estabilizar la prestación del servicio y el manejo de los pasivos de Electricaribe.

De esta manera se allanó el camino para posibilitar el relevo de Electricaribe en la operación de red de la región Caribe. En efecto, el 20 de marzo, como resultado de la subasta, que abrió la Superintendencia de Servicios, al segmentar en dos el mercado, se adjudicó Caribe Mar, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar a Afinia, filial de las Empresas Públicas de Medellín y Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira al Consorcio Energía de la Costa Ai-re, en proporción de 10,9% y 10,8%, respectivamente, de los 2,7 millones de usuarios, que representan 23% de la demanda de energía en Colombia. De esta manera, se cerró un ciclo desesperante y se abrió otro esperanzador.

Los términos de lo acordado y convenido entre la Superintendencia y los nuevos operadores quedó establecido en sendos programas de “gestión acordado de largo plazo” suscrito entre las partes servido por Electricaribe como operador de red. En efecto, Afinia y Air-e asumieron el control de dichos mercados a través de una subasta y esta fue una de las condiciones para entrar como nuevos operadores a partir del 1º de octubre del año pasado.

El balance de prueba de este primer año de operación de estas dos nuevas empresas que han asumido la prestación del servicio de energía en la región Caribe ha sido, además de retador para las mismas, agridulce para los usuarios. Después de la pesadilla y el maltrato que significó para estos Electricaribe, los desesperados usuarios se aferran a la ilusión de contar con un mejor servicio y un mejor trato por parte de ellas.

El mayor reto para los nuevos operadores es mejorar la calidad de la prestación del servicio, evitar las continuas interrupciones y las fluctuaciones del voltaje. Con tal fin, ellos se comprometieron, a través del acuerdo mencionado, a invertir $5 billones por parte de Afinia y $3,7 billones por parte de Air-e en un lapso de 5 años y de este modo corregir el rezago histórico de las inversiones que dejó de hacer Electricaribe.

De hecho, la calidad del servicio ha venido mejorando, pero no con la celeridad que esperan y a la que legítimamente aspiran los usuarios. Según la Superintendencia se ha reducido la frecuencia y la duración de los cortes de energía y se viene prestando una mejor y más diligente atención al usuario. No obstante, les tomará tiempo y esfuerzo recuperar la confianza perdida por parte de los usuarios, después de 22 largos años de desafueros y atropellos que recibieron por servicio.

Por ello, es entendible la impaciencia y la reacción por parte de los usuarios cuando recibieron sus facturas en septiembre con un aumento desmesurado de la tarifa por parte de Air-e. La nueva tarifa tuvo un incremento del 9,8% para el sector residencial y comercial, pasando de $500 KWH a $626 KWH y un 5% para el sector industrial.

Huelga decir que, aunque a muchos tomó por sorpresa, esa alza estaba cantada, toda vez que en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 quedó establecido que “la variación en las tarifas para esta región será al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional”. Se trata, entonces, de nivelarla por lo alto. Sólo había sido aplazada.

Todavía es demasiado pronto para emitir un juicio definitivo, pero lo cierto es que, después de la pesadilla que significó para sus usuarios Electricaribe, es inocultable el alivio de saber que estamos mejor que cuando estuvimos peor y eso ya es ganancia. Habrá que darle a los nuevos operadores un compás de espera para que demuestren que están a la altura del reto. Está por demás decir que lo que se predica para Air-e se aplica a Afinia, el otro operador, ambos están regidos y se deben ceñir a las mismas reglas.