Estamos llegando, por fin, al final del proceso de venta de los activos de Electricaribe a una empresa que resultará ganadora de la subasta el próximo 20 de marzo, para seleccionar un nuevo operador de red en los siete departamentos de la región Caribe, cuyos usuarios del servicio de energía eléctrica, en número de 2,7 millones, que representan el 23% del mercado nacional, han soportado con estoicismo por espacio de dos décadas; una verdadera calamidad por cuenta del pésimo servicio que se les presta. Electricaribe se convirtió en la empresa más abominable y abominada en la región y goza de una pésima e insuperable reputación.

Electricaribe venía bajo el control de la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy. La Ley eléctrica establece claramente que estos se deben prestar con sujeción a los principios esenciales de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. La empresa prestadora de este servicio en la región Caribe no cumplía, lamentablemente, con ninguno de ellos.

Se llegó al punto, en vísperas de su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de registrar un promedio de cortes de 90 horas/año, el doble del promedio nacional, que en ese momento era de 45,5 horas/año. Pero, llegó al extremo del impago de la energía que distribuía a los generadores a los que se la compraba y a consecuencia de ello los usuarios estaban expuestos permanentemente a “limitaciones de suministros”, que no es otra cosa que racionamientos programados de prestación del servicio, por parte del operador del Sistema, la firma XM.

El diagnóstico era claro desde que, en mi calidad de Ministro de Minas y Energía, recibí de manos de la excomisionada de la Creg Carmenza Chahín el estudio que se le encomendó: la causa fundamental de la críitica situación de la empresa y del pésimo servicio que prestaba era un rezago histórico de más de una década en las inversiones requeridas. Identificamos y priorizamos los proyectos, para evitar el colapso y de allí nació el Plan5Caribe. Pero, ante el requerimiento que le hizo el expresidente Juan Manuel Santos la respuesta de GNF fue tajante al condicionar sus inversiones “a los flujos de caja de la compañía”, en momentos que las deudas contraídas con sus acreedores superaban los $2,4 billones y según Deloitte, auditora externa de Electricaribe, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”.

En tales circunstancias no había otro camino distinto a la intervención, habida cuenta que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio es del Estado, así lo manda la Constitución Política. Se procedió a la intervención y posesión de Electricaribe, primero con fines de administración y a la postre con fines de liquidación. ¡No había de otra!

Se procedió, entonces, a iniciar un proceso de búsqueda de un nuevo operador que venga a ocupar el lugar de Electricaribe. Ímproba tarea esta en la que se ha empeñado el presidente Iván Duque, quien recibió la posta de manos del gobierno anterior, para evitar un apagón en la región Caribe y una crisis sistémica que comprometería la prestación del servicio de energía en todo el país. De allí que en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, se incorporara como capítulo especial, un Plan de salvamento que permitiera salir de esta encrucijada, el cual fue complementado posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento aprobada recientemente.

Había dos escollos a superar para hacer viable el proceso de la subasta y despertar el apetito por la operación de este mercado, la regulación y el pesado fardo de los pasivos que arrastraba Electricaribe. Con tal fin la Creg expidió la Resolución 010 el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. Por otra parte, el Gobierno se dio la pela asumiendo el pasivo de la empresa, empezando por el pasivo pensional que supera los $1,6 billones.

Para efectos prácticos, además de dividir el mercado de Electricaribe en dos (Caribe Mar y Caribe Sol), en el Plan de Desarrollo se elevó el umbral hasta donde es permitido el dominio del mercado de distribución o comercialización por parte de las empresas operadoras de 25% a 35%, removiendo de paso uno de los obstáculos para que empresas como EPM de Medellín pudieran entrar en la puja, además de levantar la prohibición de la integración vertical de la generación, distribución y/o comercialización en cabeza de una misma empresa. Ello permitirá que la participación en la subasta sea mayor.

En síntesis, están dadas las condiciones para que esta subasta permita ponerle fin a esta pesadilla que agobia a la región Caribe, ya que las fallas en la prestación del servicio se han convertido en un freno de mano a su desarrollo económico y social, en momentos en los que se viene dando a marcha forzada la relocalización de muchas empresas, para estar cerca de los puertos y así ganar en competitividad. Ello explica que mientras el aumento de la demanda de energía a nivel nacional creció en 2018 a un ritmo de 1,3%, en el Caribe creció el 4,4%. En el 2019, según XM, el crecimiento promedio de la demanda de energía a nivel nacional fue del orden de 4,02% que contrasta con el crecimiento del 6,8% en la región Caribe. Y más recientemente, en enero de este año, dicho crecimiento de la demanda fue de 4,93% y 11,10%, respectivamente. Esta subasta contempla dos fases, primero se subastará el mercado completo y de no dar con un solo operador para este, se procedería a abrir la subasta en dos, segmentando dicho mercado.

La suerte está echada y solo resta cruzar los dedos para que esta subasta tenga un final feliz, que le devuelva la esperanza a los 10 millones de resignados usuarios del servicio de electricidad en la región Caribe de que este será el principio del fin de este tortuoso y torticero embrollo.