El grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ipcc), creado en 1988 por las naciones unidas, concluyó que el calentamiento global se debe, con 90% de certeza, a la actividad humana, en especial por el uso masivo de fuentes de energía de energía de origen fósil. Por ello se habla de una causa antropogénica, que se precipitó a partir de la primera revolución industrial (1750 - 1840), la cual fue posible gracias al invento de la máquina a vapor, la cual requería el coque, derivado del carbón metalúrgico, como reductor en el proceso de la forja del acero, indispensable para fabricar las máquinas y del carbón térmico para producir con su combustión el vapor, indispensable para mover las máquinas.

Después vendría el invento del motor de combustión interna, el Otto primero y el Diesel después, los cuales requieren para operar de combustibles líquidos, derivados del petróleo. Tanto el carbón como el petróleo y sus derivados son altamente contaminantes, pues emiten los gases de efecto invernadero (GEI). Según el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, se ha podido establecer que existe una gran correlación entre las concentraciones de GEI en la atmósfera, siendo el CO2 el que aporta 80% de ellos y la temperatura. A mayores concentraciones de CO2 más alta es la temperatura global.

Indudablemente, históricamente los mayores responsables tanto de los gases de efecto invernadero acumulado como de la emisión de los mismos son los países desarrollados, encabezados por China, EE.UU., la Unión Europea, India y Rusia, en su orden. Varios de ellos brillaron por su ausencia en la más reciente Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (Cmnucc), la COP27.

Bien dijo George Ward, que “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas”. Y justamente esto último fue lo que hizo la comunidad internacional en la Cumbre de la COP21, que tuvo lugar en 2015, al aprobar, con gran dosis de realismo, el Acuerdo de París, que propende por la descarbonización de la economía. Ese mismo año se aprobaron por parte de las Naciones Unidas de los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), una iniciativa de Colombia y el séptimo de ellos versa precisamente sobre el acceso a la energía limpia.

A partir del Acuerdo de París se determinó que cada país adquiriera su compromiso sobre el aporte a la descarbonización, que tiene como meta arribar a la carbono neutralidad hacia 2050, teniendo como meta volante el año 2030. Todo ello con el firme propósito de reducir las emisiones de GEI y así impedir que el aumento de la temperatura global no supere 1,5 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Así surgió el concepto bajo el título oficial de contribución nacionalmente determinada (Indc por sus siglas en inglés).

Es muy importante destacar que en la COP26 se dejó claramente establecido el principio de la “responsabilidad común pero diferenciada”, de tal suerte que los mayores responsables sean quienes más contribuyan a alcanzar estas metas. El mensaje es claro: hay que ser realistas, Colombia no puede pretender hacer el papel de polizón climático, escudándose en la inacción de los demás países para cruzarse de brazos a la espera de que ellos reaccionen y asuman sus responsabilidades frente a los desafíos del Cambio climático. Pero tampoco asumir el papel de Atlas, echándose al hombro el planeta para salvarlo de sus estragos.

En este contexto, el Congreso de la República ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley 1844 de 2017, tornándolo vinculante para Colombia, que se comprometió oficialmente en la COP21, tal y como lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos en la misma, a la reducción de sus emisiones, que no superan 0,5% de las totales 20% hacia 2030, ambición que podría aumentar de manera condicionada a 25% o 30% de reducción, dependiendo de los recursos de cooperación internacional que reciba el país en los próximos años para apoyar sus esfuerzos de mitigación. El punto de referencia para esta reducción de emisiones es el inventario de GEI producido por el Ideam para 2010. Posteriormente, el presidente Duque lo elevó, sin explicación ni justificación, en la COP26 a 51%, sin condicionalidad alguna.

Enhorabuena el presidente Gustavo Petro en su intervención ante la COP27 demandó de los países desarrollados el cumplimiento de su compromiso de cooperar con los países en desarrollo, como Colombia, para financiar los proyectos tendientes a reducir sus emisiones de GEI, su captura y almacenamiento, entre ellos el de la preservación, conservación y recuperación del bioma de la Amazonía, considerada el pulmón del mundo.

La decepción por los escasos avances de esta Cumbre dio paso a un compromiso esperanzador. En efecto, después de un duro pulso, se aprobó al cierre de la COP27 la creación de un Fondo de pérdidas y daños para compensar a los países “particularmente vulnerables”. Con los recursos de este Fondo se proporcionará financiación por parte de los países ricos, que son los que más han contribuido al calentamiento global. Se afirma en la Declaración emitida por la COP27 al término de la misma, que dicha financiación debe ser “predecible y adecuada a los países en desarrollo especialmente vulnerables”.

Se invitó a través de la misma tanto al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI), como ya lo había hecho el presidente Petro, a aportar “soluciones de financiación”. Quedó en el tintero el llamado que hizo el presidente Petro para que se considerara la posibilidad de condonar deuda externa a cambio de las acciones emprendidas por los países en desarrollo, como una medida de alivio y compensación a los esfuerzos realizados por los países en desarrollo en pro de la descarbonización de sus economías.