El país enfrenta una coyuntura macroeconómica compleja, quizás como en sus peores épocas, a finales de la década de los 90. Enfrentar esta coyuntura minimizando los impactos en crecimiento e indicadores sociales es una tarea que requiere pragmatismo y diligencia, en particular en el frente fiscal y externo. Pero así mismo exige que atendamos las brechas estructurales que se han consolidado a lo largo de la historia, buena parte de ellas fuente de las vulnerabilidades que se manifiestan hoy y que hacen tanto más amenazante el entorno internacional.

Estas brechas parecieran tener dos cosas en común. La primera es que atentan contra la productividad de nuestros ciudadanos. Esta palabra puede ser malinterpretada por muchos en el sentido de entender que dicha productividad se refiere a la capacidad de generar utilidades para las empresas, o en general para un tercero. Pero en realidad se refiere a la capacidad de generar bienestar para uno mismo. Es por eso por lo que en un país en el que tenemos tantos retos de pobreza y exclusión, esta debiera ser una obsesión para todos.

La segunda es que solucionarlas es un reto en un entorno democrático porque en apariencia genera choques entre los intereses de varios grupos poblacionales. Sin embargo, esto último no resiste el escrutinio real de preguntarnos qué queremos. En eso estamos de acuerdo, pero debatimos sobre las vías que exploramos para lograrlo. En esa medida, buscar lo que nos dice la evidencia de otros entornos similares al nuestro para evaluar los resultados de las alternativas tiene que ser también la base de toda discusión.

Las recomendaciones que prioriza el Informe Nacional de Competitividad hablan precisamente de esas discusiones que se han dado recurrentemente en el país, pero en las que avanzamos a paso lento. En el primer grupo se concentran las que tienen que ver con el mundo laboral y de protección social, en el segundo las relativas a la formación de las personas. En tercer lugar, vienen las pertinentes a la construcción y uso de la infraestructura y finalmente algunas ya más centradas en temas de las empresas, sobre todo de las pequeñas.

El país ha avanzado en muchos de estos frentes, pero lo cierto es que los resultados nos muestran que necesitamos más esfuerzos y que debemos tener discusiones difíciles. Un ejemplo son las reglas laborales que posiblemente generan hoy un estándar demasiado exigente para lo que se denomina trabajo formal. Puesto que a su vez el trabajo formal es la puerta de entrada de la protección social, tenemos que discutir el estándar, y en la mesa se debe velar por los intereses de quienes no tienen un trabajo, o no es formal y de quienes han recurrido a la cuenta propia de supervivencia. Esta es una discusión en la que usualmente pensamos que estamos en un juego de que algunos ganen lo que otros pierdan, pero lo que nos muestran las cifras es que estamos perdiendo todos. No podemos seguir viviendo en un país donde 28% de los jóvenes entre 15 y 28 años no están estudiando ni trabajando.

Ojalá en todas las discusiones que tengamos en el camino hacia el Plan Nacional de Desarrollo, y en las que como el Gobierno lo ha dicho tenemos que participar todos, tengamos esta cifra en mente.