Costos ocultos de la extracción ilícita de minerales en Colombia
miércoles, 24 de septiembre de 2025
Ana Ligia Mora Martínez
En Colombia, más de 1 millón de personas dependen de la minería y el sector aporta cerca de 30 % de las exportaciones. Sin embargo, la extracción ilícita de minerales ha detonado una crisis que va más allá de lo económico: destruye ecosistemas, alimenta economías ilegales y amenaza la seguridad nacional.
El oro, tercer producto de exportación, es el mejor ejemplo. Más de 90 % de la producción aurífera proviene de minería artesanal y de pequeña escala, y cerca de 85 % del oro que se exporta tiene origen ilegal, sin permisos mineros ni ambientales, según reporte de la Procuraduría General de la Nación. 70 % de esa producción está controlada por grupos armados que la usan para financiar sus actividades criminales.
La magnitud es alarmante: cada año se producen unas 45 toneladas de oro ilegal, valoradas en más de $21 billones, casi lo mismo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. Pese a ello, entre 2022 y julio de 2025 solo se incautaron 193 kg de oro, 76 % menos que en el período 2018-2021, lo que evidencia un preocupante vacío de control estatal.
La minería ilegal no paga impuestos, regalías ni seguridad social; no invierte en las comunidades, pero sí deja pasivos ambientales y contamina con mercurio. 88 % de la extracción ilegal ocurre en áreas protegidas, y en 44 % de los territorios mineros hay cultivos de coca. El resultado: ecosistemas devastados, más de 54.000 ha degradadas en los últimos años y comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza y violencia, bajo el dominio de actores armados.
Frente a esta realidad, se requiere una solución integral. La política de Seguridad y Defensa debe priorizar este problema y las regulaciones mineras y ambientales necesitan actualizarse para responder a la complejidad del fenómeno. Incluir la seguridad como factor de desarrollo económico y protección de los recursos naturales es urgente.
No se trata de frenar la minería, sino de integrarla a un modelo que promueva legalidad, energías sostenibles y recuperación de territorios. Si el Estado no actúa con decisión, seguirá cediendo el control de vastas regiones a la ilegalidad, hipotecando el futuro del país.