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La crisis por la que atraviesa Colombia tras el terremoto pone de presente la urgente necesidad de soluciones que brinden seguridad a quienes lo perdieron todo, pero también oportunidades para quienes gobiernan, por cuenta de la falta de recursos económicos.

En primer lugar, resulta urgente aprovechar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías (Sgr), que apenas alcanza 50% a 2026, contando con más de $16 billones sin asignar.

Por lo anterior, el gobierno nacional debe tener como prioridad destinar inmediatamente dichos fondos hacia la atención de la crisis.

Resulta una contradicción tener recursos congelados mientras las comunidades sufren la pérdida de sus hogares y la intranquilidad de detener sus vidas.

Las obras por regalías son una figura inspirada en un exitoso esquema regional que ya ha mostrado resultados: obras por impuestos. Bajo este modelo, las empresas privadas, sujetas al pago de regalías, podrían destinar directamente hasta 60%, por proponer un valor, de su obligación a los municipios directo a la ejecución de obras prioritarias. En momentos de catástrofe, las necesidades son claras: vivienda, vías, acueductos, centros de salud y escuelas en las zonas declaradas en emergencia, en lugar de girar la totalidad del dinero en efectivo al Sgr. Este límite de 60%, destinado para atender la emergencia, asegura un equilibrio financiero para no desproteger las arcas territoriales, al tiempo que dinamiza la inversión. La operatividad del mecanismo requiere agilidad sin sacrificar el rigor.

La propuesta también llama a que entidades como el Departamento Nacional de Planeación (Dnp) avalen un catálogo de obras con viabilidad técnica previa que puede catalogarse como un “Banco de Proyectos de Reconstrucción”. Aprobación expedita: las empresas seleccionan los proyectos según su capacidad de pago del periodo, y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) respectivo aprueba la vinculación mediante trámites de vía rápida. Garantía y transparencia: los recursos se administran a través de fiducias, y la ejecución exige pólizas de cumplimiento e interventorías técnicas independientes.

Los procesos para atender desastres no pueden quedar atrapados en la tramitomanía tradicional; las consecuencias del desastre están a la vista y, por el contrario, las necesidades de los colombianos no dan espera. El gobierno nacional, el dnp y los Ocad tienen ahora la oportunidad de demostrar que la institucionalidad puede estar a la altura de la urgencia, articulando al sector privado no como un actor ajeno a la reconstrucción, sino como un socio corresponsable.

Es momento de unir esfuerzos, públicos y privados, tal y como se ha visto en los últimos días, para reconstruir el país. El talante de Colombia siempre se ha hecho sentir.