El Gobierno Nacional parece determinado a apoyar la reforma que el Ministerio de Salud se resiste a mostrarle a la opinión pública. Aunque el gobierno está negociando mal con todos los grupos y grupitos armados de Colombia, y aunque impulsa el “diálogo social” y la imposible “discusión en las calles”, se ha negado a hablar de la reforma a la salud con los expertos y con el sector, liderado por una de las personas más inteligentes y proactivas que tiene Colombia.

Sabemos, por ahora, que la ministra le presentó la reforma al gabinete en Villa de Leyva, y que esta implica una “transición hacia un nuevo sistema”. En el nuevo sistema, ha explicado el presidente, “los recursos públicos se [administrarán] por entidades públicas”.

En el nuevo modelo desaparecerán las EPS. Esto implica, por supuesto, una nacionalización del sistema de salud, una vuelta al pasado, y la primera medida en una estrategia más ambiciosa de reemplazar el modelo económico de la Constitución de 1991, en el cual los privados pueden participar en la prestación de servicios públicos.

La apertura económica en Colombia, como lo ha notado el ministro José Antonio Ocampo en su producción académica, no ha significado un encogimiento del Estado, si no, por el contrario, un crecimiento de lo público. En la medida en que se ampliaron los derechos sociales y económicos, el Estado colombiano fue creando mercados para esa prestación de servicios que no solo han permitido la creación y acumulación de riqueza, si no, y lo que es realmente importante, el aumento en la prestación de los servicios públicos.

La proclama que usa el gobierno, y según la cual “la salud no es un negocio”, es una ingenuidad o un engaño: el modelo económico de la Constitución Política ha establecido que es deseable que se creen mercados alrededor de la prestación de servicios públicos. El Estado regulador -las superintendencias, las agencias, las comisiones- se hicieron para garantizar que, en esos mercados, la competencia produzca beneficios, y para tratar de corregir fallas en la prestación de los servicios. En Colombia, desde que la materialización de los derechos sociales se concibió como el resultado de modelos de negocio (negocios muy complejos, con márgenes pequeños, y, como debe ser, ultra regulados), la prestación de servicios ha aumentado y, con esto, la materialización de esos derechos para millones de personas.

De estos servicios públicos, el que mayor cobertura tiene en Colombia es la salud. Esta cobertura, que tiene que mejorar en muchos aspectos, ha sido garantizada por un esfuerzo público de coordinación y financiación, pero también por la acción de operadores e intermediarios privados.

Por supuesto, ha habido malos jugadores: algunas empresas han sido dirigidas por ladrones, y le han costado al sistema mucha plata. Sin embargo, sabemos que esto no es un vicio de un sistema con actores privados, sino un vicio de cualquier sistema en que participen humanos. También hay corrupción y derroche en el sector público.

Sin embargo, el Gobierno se ha negado a reconocer la importancia de los privados en los éxitos del modelo. Bajo la proclama esa, va a impulsar una reforma que va a reemplazar uno de los grandes éxitos del estado de bienestar colombiano, y va a poner al Estado a hacer cosas para las que nunca ha tenido capacidad. Más allá del riesgo financiero para la nación (se vienen demandas que el Estado va a perder), y de que a la salud se la van a terminar de tomar la corrupción y clientelismo (el gobierno, en su ánimo reformista, no ha hecho si no aumentar los incentivos para esto), el gran riesgo es que va a haber personas que no van a recibir las y los tratamientos que necesitan para sobrevivir.

El sistema de salud actual es una gran misión en el sentido que le da Mariana Mazzucato, la economista más leída dentro del gobierno. El gobierno quiere abortar esta misión.