Es una ironía terrible que un presidente que llegó a la política después de pasar por una guerrilla de izquierda que se desmovilizó en un proceso de paz, alguien que sufrió persecuciones y violencia de Estado, use el término “enemigo interno”. Como explica la Comisión de la Verdad, esta doctrina, surgida en la Guerra Fría, fue usada “como un estigma contra los opositores, bajo el argumento de que tras sus actuaciones estaban los tentáculos del comunismo internacional”.

En Caldono, Cauca, el presidente dijo que dentro de su gobierno hay un “enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que produce en concreto es que no se permitan cambios, a pesar de que el presidente quiera (…) Entonces, proponemos la reforma agraria, y alguien dice: ‘no, no se pueden comprar las tierras’”. Petro, impreciso como suele ser, identificó al enemigo interno como una manera de pensar, como una persona que se atrevió a decirle que no, y, luego con el sistema jurídico.

La persona a la que el presidente se refirió es muy probablemente su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Él ha sido uno de los pocos miembros del gabinete que han menguado los temores de los inversionistas internacionales, del sistema financiero, y del entorno económico y tecnocrático colombiano. Ocampo, que ha tenido una carrera impresionante como subsecretario general de las Naciones Unidas y profesor de planta de la Universidad de Columbia, se ha dedicado en estos meses a promover la agenda progresista del presidente, reflejada en la reforma tributaria, y a balancear los intereses del gobierno con los del sistema financiero y la ortodoxia económica.

Este balanceo ha sido asombroso, pero ya ha empezado a mostrar sus debilidades: algunos economistas y gremios se han quejado de la reforma, al tiempo que, a Ocampo, entre sus viajes a Estados Unidos para aplacar los miedos de los acreedores institucionales de Colombia, le ha tocado salir a arreglar los errores de sus compañeros de gobierno. Lo hizo al desmentir a la viceministra de energía, cuando ella dijo que en Colombia se terminaría la exploración y explotación de hidrocarburos, y cuando le recordó al gobierno que los tres millones de hectáreas no se podrán comprar con deuda pública ni con otros medios que violen la regla fiscal.

Otra opción es que Petro no estuviera, en verdad, hablando de Ocampo, sino de una forma de pensar dentro de su gobierno. Esta sería, entonces, aquella de Ocampo y, ojalá, de otras personas que han privilegiado el pensamiento racional, técnico, y de largo plazo, que se han opuesto al voluntarismo del presidente, y que se han negado, por lo menos por dentro, a ser alcahuetas de sus disparates. Al presidente, como lo demostró en su alcaldía y como lo repitió en Caldono, no le gusta que le digan que no. Ojalá, dentro del gobierno, haya otros que recuerden que, para evitar arbitrariedades, alguien tiene que llevar la contraria.

Pero lo más grave no es que el presidente identifique al enemigo interno con una persona específica (Ocampo), o con una forma de pensar (de largo plazo y técnica). Lo más grave es lo que insinuó luego, esta vez por Twitter: que el enemigo interno a sus reformas es el sistema legal colombiano. Este “enemigo interno”, opuesto a la voluntad del presidente, es el estado de derecho, el conjunto de normas, instituciones y prácticas diseñado precisamente para moderar y controlar las voluntades de quienes mandan. Como explicó el senador Cepeda, el enemigo del gobierno “es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante”. Esto es, en otras palabras, el andamiaje institucional colombiano que no permite que el presidente viole la regla fiscal y que impidió, antes, que otro se quedara en el poder.

Cepeda dijo que “debemos liberar la imaginación política de esas taras, ejecutar los cambios, no anclarnos en procedimientos eternos”. La oposición adormilada también tendrá que imaginar una mejor forma de defender el estado de derecho de quienes lo llaman el “enemigo interno”.