Infortunadamente, la corrupción se ha convertido en uno de los principales tópicos de discusión en los últimos meses. Los escándalos que se han conocido han puesto en evidencia las inmensas sumas de dinero que se mueven por “debajo de la mesa”, con el fin de conseguir beneficios particulares, impactando negativamente las finanzas de los colombianos. Al gran número de políticas públicas, que tienen como objetivo atacar y minimizar la corrupción, se debería sumar una estrategia enfocada a incentivar el uso de los Medios de Pago Electrónicos (MPE) y desestimular el uso del efectivo. Es precisamente la amplia circulación de efectivo la que facilita la existencia de actos ilícitos, debido a su dificultad de rastreo y trazabilidad.

¿Qué pasaría si redujéramos el uso del efectivo? Evidentemente en un futuro, espero no lejano, los medios electrónicos serán predominantes; pero mientras esto ocurre debemos enfocarnos en lograr que sigan creciendo. Así, no solo tendremos beneficios en términos de recaudo tributario, mayor formalidad empresarial y seguridad en las actividades comerciales, entre otros, sino que se tendría registro del origen, destino y tránsito de cualquier transacción, lo que dificultaría en gran medida la realización de actividades ilícitas.

En Colombia, aunque se ha avanzado en materia normativa y sancionatoria, aún no se registran mejoras significativas en los índices de lucha contra la corrupción. Según cifras de la Procuraduría, el costo asociado a este flagelo en Colombia podría llegar hasta los $40 billones al año (cerca de 4,6% del PIB 2016), superando considerablemente el promedio mundial, que de acuerdo con estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa alrededor de 2% del PIB global.

La propuesta de reducir la circulación de efectivo ya ha calado incluso en candidatos presidenciales, para quienes es claro que se debe atacar la cantidad de dinero circulante, promoviendo el uso de dinero plástico, con el fin de imponer mayor control y así reducir la corrupción.

Lamentablemente, Colombia parece ir por el camino contrario. El ingreso de billetes de alta denominación al mercado, como el de $100.000, puede facilitar los pagos de operaciones informales o ilegales, como los sobornos o actos de corrupción, ya que el número de billetes necesarios para hacer una transacción millonaria ha disminuido. En Estados Unidos y en varios países de Europa, como Dinamarca y Suecia, por mencionar algunos, los gobiernos han decidido sacar de circulación los billetes de alta denominación, como una medida para controlar el fraude y la corrupción.

Tal como señala Asobancaria en su más reciente publicación, la corrupción no es solamente una problemática que afecte el sector público, sino que es trasversal a la economía y tiene efectos altamente nefastos en el sector privado. Es por ello que Colombia debe avanzar en materia de fortaleza institucional, en donde, tanto Gobierno como sector privado trabajen de manera conjunta. Así, a través de una mayor inclusión financiera, pero especialmente por medio de la generación de incentivos al uso y la aceptación de MPE por parte de usuarios y comercios, junto con el fortalecimiento de la educación financiera, entre otras medidas, se logrará acelerar el uso de los medios de pago electrónicos para acabar con esta problemática que ha venido destrozando el futuro del país.