Castigo al esfuerzo y al ahorro

La visión petrista sobre el funcionamiento ideal de la sociedad es sencilla y poco novedosa. Corresponde a un clásico colectivismo donde el individuo debe ceder continuamente ante el “bien común” determinado por un líder o un partido con acceso a un orden justo superior, que utiliza al Estado como medio coercitivo para conseguirlo.

La nueva reforma tributaria de Petro responde a esa visión en la que el Estado cuenta con mayor conocimiento y autoridad moral para asignar los recursos que los individuos y las empresas. Como bien sintetiza Joseph Stiglitz, economista defensor del Progresismo, en su libro Capitalismo Progresista, bajo esta visión “los programas del Gobierno para conseguir una prosperidad compartida deberían enfocarse a la vez en la distribución de los ingresos del mercado -lo que a veces se denomina pre-distribución - y la distribución, los ingresos que disfrutan los individuos tras los impuestos y pagos.” Al igual que cualquier colectivismo, el Progresismo aboga por la satisfacción de designios colectivos elegidos de forma arbitraria como moralmente superiores, tratando a los individuos como simples fichas de ajedrez que pueden ser acomodadas a su antojo.

Dicha aspiración tiene implicaciones directas y tangibles en la vida de las personas y en los incentivos que siembra en su conducta. La nueva reforma tributaria castiga el esfuerzo de los colombianos ya que (i) aumentaría la tasa efectiva de tributación (impuesto de renta dividido por la utilidad contable antes de impuestos) de las empresas de 15% a 20%, (ii) aumentaría el impuesto a las ganancias ocasionales, como las herencias, de 15% a 20%, (iii) eliminaría el Régimen SIMPLE conduciendo a que quienes hoy pagan tarifas nominales de entre 1,2%-14% pasen a pagar hasta el 41%, (iv) aumentaría la tarifa y la retención en la fuente de profesionales con altos ingresos y (v) desincentivaría el crecimiento de las empresas al escalonar la tasa del impuesto de renta según el crecimiento de sus ingresos gravables.

También castiga el hábito del ahorro ya que gravaría patrimonios de $1.882 millones (el umbral vigente es $3.888 millones), desincentivando la acumulación de capital ante el temor de una doble tributación vía ingreso (impuesto de renta) y vía activos (impuesto al patrimonio). Adicionalmente, abriría la puerta a otra doble tributación al incluir activos fijos reales no productivos de las sociedades nacionales para el cobro de un impuesto al patrimonio societario además del de sus accionistas.

Este golpe al ahorro y al esfuerzo es inaceptable en un país donde (i) el gasto público se ha cuadruplicado desde 1991; (ii) el recaudo tributario se ha multiplicado por ocho desde 1990; (iii) $1 de cada $4 que ganan los colombianos se va para el Estado a cambio de bienes públicos cada vez más deficientes, (iv) a mitad de año sólo 22% del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional se había ejecutado; y (v) el Estado es ineficaz en más de la mitad del territorio nacional al estar controlado por grupos armados ilegales.

A estas alturas debería ser claro que para el Petrismo el esfuerzo y el ahorro son solo fuentes inagotables para financiar la dependencia clientelar de grupos al Estado y el imparable crecimiento burocrático. Es hora de que los colombianos demostremos que no nos pueden atropellar cada vez que los políticos quieran disponer de una porción mayor de nuestro esfuerzo y ahorro para materializar una utopía basada en una dinámica parasitaria e insostenible.