Ahora que la inversión como porcentaje del PIB ha caído al nivel más bajo en 20 años, suena bien hacer esfuerzos para recuperarla a toda costa. Para ello, uno de los legados del gobierno Petro fue la “repatriación” del ahorro pensional.

Mediante el Decreto 369 de 2026, el gobierno de Petro fijó un techo de 30% a la exposición internacional del ahorro pensional obligatorio y, con ello, buscó redireccionar parte de ese ahorro hacia proyectos de inversión en el país. En la práctica, esta regulación obliga a las administradoras de fondos de pensiones a rebalancear portafolios reduciendo su exposición internacional, aumentar correlativamente la exposición local y alterar la gestión del riesgo financiero.

En un país ávido de inversión, esta “repatriación” luce como una buena idea para recuperar el dinamismo de una economía estancada. Sin embargo, este “nacionalismo financiero” es una pésima idea para los colombianos:

Primero, porque transfiere valor de los ahorradores a los emisores. Esta restricción lleva a que el ahorro pensional se invierta en deuda o en proyectos locales en lugar de poderlo invertir libremente en activos financieros de todo el planeta. En términos prácticos, transforma el ahorro pensional en un impuesto implícito al obligar a que 70% permanezca en el país en un mercado con pocas alternativas de inversión, donde buena parte iría a parar en deuda pública. Con estos flujos de recursos cautivos, se presionan artificialmente los precios locales al alza, lo que baja el rendimiento exigido a quien emite. De esta manera, se materializa una represión financiera que abarata el financiamiento fiscal y corporativo locales, funcionando económicamente como una carga tributaria implícita sobre el ahorrador.

Segundo, porque el sesgo local agrava la concentración de activos sobre quien ya está altamente expuesto a los riesgos de Colombia. El afiliado promedio ya tiene su ingreso laboral, su vivienda, su empleador y buena parte de sus activos atados al ciclo colombiano. Su exposición al país es masiva antes de mirar su portafolio de inversiones.

Por eso su ahorro pensional debería ayudar a contrarrestar su sesgo local y no agravarlo. Siendo Colombia un país que representa apenas una fracción de 1% del mercado de capitales global, resulta indefendible financieramente que 70% del ahorro pensional obligatorio esté invertido localmente. Esta norma expone a los colombianos a un mayor riesgo al imponer una menor diversificación en moneda, variedad de activos y geografías.

Y tercero, porque aumentará el gasto fiscal futuro. Esta medida termina siendo contraproducente para el Estado ya que, si la restricción reduce en el futuro los saldos acumulados, aumentarán los afiliados que requieran la garantía estatal de pensión mínima. Lo que con una mano le abarató los costos al Estado en el corto plazo, con la otra le ocasionará mayores costos en el futuro al tener una mayor población que no reunirá el capital mínimo requerido para pensionarse por sí mismo, requiriendo más gasto fiscal futuro.

Por esto y mucho más, esperamos que un gobierno que llega con las banderas de defender las libertades económicas derogue próximamente este legado del nefasto “nacionalismo financiero”.