Más allá del ruido de los cotidianos escándalos de este gobierno, los colombianos debemos saber que estamos en un momento decisivo que marcará el devenir del país durante décadas. Desde la Constitución de 1991, Colombia no enfrentaba un cambio estructural tan importante.

En ese momento el cambio del país se concretó en la transición hacia un Estado Social de Derecho que fortaleció mecanismos democráticos, reconoció derechos fundamentales, sociales y colectivos, descentralizó el poder público, creó la jurisdicción constitucional y separó definitivamente al Estado de la iglesia católica. Contrariamente al relato petrista sobre la supuesta invasión del neoliberalismo, la Constitución de 1991 promovió un aumento constante del gasto estatal, al pasar de un promedio de gasto público total de 26% del PIB en la década de 1980 a 35% del PIB actual (Banco Mundial) y un gasto social público que pasó de 8% a 15% del PIB (Fedesarrollo) en dicho periodo.

A pesar de las dificultades de nuestra evolución desde 1991, en donde Colombia estuvo a punto de ser un Estado fallido cooptado por las guerrillas y el narcotráfico (algo que pocos parecen recordar), Colombia (i) cuadruplicó su ingreso per cápita en precios corrientes pasando de US$1.478 a US$6.104, (ii) aumentó la esperanza de vida al nacer de 69 a 77 años (hasta antes de la pandemia), (iii) pasó de una cobertura en salud de 25% de la población a 99% actual, (iv) creció su gasto público en educación de 2,7% del PIB a 4,51% actual y logró ingresar a la Ocde, un club de países mayoritariamente desarrollados, enfocado en promover mejores políticas públicas.

Negando todo avance del país con un relato sombrío y mentiroso, en el que “la oligarquía arruinó al país durante 30 o 200 años” (el número o la evidencia no importan), el gobierno actual propone un cambio totalmente distinto. Estamos en un punto de quiebre. A través de reformas legislativas y actos administrativos, el gobierno de Petro está comprometido con alterar el modelo económico de Colombia, pretendiendo maximizar la planificación centralizada y el intervencionismo estatal. Partiendo de una retórica que mezcla elementos marxistas, anarquistas, indigenistas, ambientalistas, antiimperialistas y anticapitalistas, Petro pretende conducir no tan disimuladamente a Colombia hacia un autoritarismo colectivista.

Si las reformas legislativas del gobierno son tan nocivas, ¿por qué siguen avanzando en el Congreso? Primero, porque otorgan un gran poder e influencia a los congresistas para crear, administrar y repartir rentas estatales, en detrimento de sistemas de competencia que promueven la eficiencia, el buen servicio y la diversidad de alternativas para el consumidor. Segundo, porque el gobierno está utilizando todo su arsenal de “política de barril de tocino”, donde promete a los congresistas dádivas que beneficien a sus electores a cambio de su apoyo político. Y tercero, porque no entienden los impactos o cuentan con que van a manifestarse a una velocidad más lenta que los beneficios de la conveniencia inmediata.

Ante esta situación, los ciudadanos colombianos debemos afrontar el populismo que elegimos. O asumimos la creación de un colectivismo populista que rápidamente erosionará los avances alcanzados y desincentivará las actividades productivas o nos oponemos activamente a la degradación institucional del país que nos lo ha dado todo.