En una gran diversidad de latitudes, culturas y épocas la contundente expresión “X debe ser un derecho y no un negocio” ha logrado legitimar y popularizar políticas muy nocivas para las sociedades donde se implementan. Durante los próximos tres meses, en las reformas de la salud y las pensiones Colombia se jugará su futuro económico, partiendo de una premisa común del Gobierno en sus propuestas de que estos “son un derecho y no un negocio”. Este es un sofisma que debe ser desenmascarado antes de que sea demasiado tarde:
Primero, esta expresión plantea un falso dilema entre derecho y negocio. Gran parte de los derechos sociales y económicos se hacen eficaces gracias a la intervención de actores privados, tales como universidades privadas, empresas prestadoras de energía, cámaras de comercio, fabricantes de alimentos o empresas de construcción.

En Colombia, la educación, la vivienda, la seguridad social, el trabajo o la alimentación se hacen realidad cotidianamente gracias a una economía de mercado protagonizada por el sector privado. Lo relevante es saber que detrás de esta expresión realmente está es el deseo de un Gobierno colectivista de darle apariencia compasiva y benevolente a la sustitución de un sistema donde el individuo decide por sí mismo por otro donde unos pocos deciden por millones de personas.

Segundo, no es cierto que, como está implícito en dicha expresión, la provisión de servicios por parte del Estado conduzca a mayor efectividad de los derechos, a menores precios y a un mejor servicio. El sector privado no es que cuente con personas más inteligentes; cuenta con mejores incentivos y restricciones para la prestación de servicios. La propiedad privada incentiva el automonitoreo, que conduce a mayor efectividad y menores costos de vigilancia de terceros, al aprovecharse el impulso natural de cuidar más lo propio que lo ajeno. El ánimo de lucro incentiva la eficiencia. Si una empresa no mantiene sus egresos por debajo de sus ingresos tarde que temprano saldrá del mercado.

Por ello, el uso eficiente de los recursos y la optimización de precios es una cuestión de supervivencia para el empresario que favorece los consumidores. Mientras la provisión privada de servicios tiene un costo visible -la utilidad-, la provisión pública tiene costos invisibles mayores que terminan siendo asumidos por toda la sociedad: la ineficiencia y la corrupción. Y finalmente, la competencia fomenta el buen servicio para atraer y mantener clientes. En el monopolio estatal no hay alternativas por lo cual atender bien al cliente es innecesario y optativo. Por ello, como ya lo vivimos en Colombia tanto en salud como en pensiones, la calidad del servicio prestado por el Estado suele ser muy deficiente.

Tercero, esta expresión suele justificar propuestas insostenibles financieramente. Dado que los relojes de la política y de la economía se mueven a un paso distinto, esta lógica favorece políticas que producen un enorme rédito político a corto plazo mientras comprometen gravemente la sostenibilidad financiera en el largo plazo. Durante los próximos meses esta expresión justificará posiciones que acarrearían múltiples consecuencias ruinosas para todos, lo cual pasaría desapercibido dada la mayor afinidad del público a la promoción de las intenciones que al estudio de los efectos.

Por ello necesitamos que los líderes y expertos en cada tema hagan un esfuerzo mayúsculo estos siguientes tres meses por comunicar y movilizar a la gente ante la triste realidad a las que nos conduciría la demagogia en salud y pensiones. El momento es ahora.