El imperio de la ley es la característica principal que distingue a los Estados democráticos liberales de otros órdenes políticos donde la voluntad de quien detenta o impone el poder político prevalece sin restricción. Bajo este ideal, los sistemas jurídicos establecen normas fundamentales para limitar el poder de las autoridades, proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad y orientar la conducta y la convivencia de la sociedad civil. A medida que las sociedades se han venido complejizando desde los primeros Estados modernos posteriores a las revoluciones liberales del siglo XVIII, la prescripción de normas, originalmente adjudicada a los órganos legislativos, se ha venido descentralizando hacia autoridades administrativas del poder ejecutivo, siempre crecientes en número y tamaño, aún en gobiernos que han abogado por mayor austeridad.

En Colombia, desde la Constitución de 1991, nuestra conversión hacia un Estado Social de Derecho, en el cual este ha asumido un rol directo en la intervención en los mercados y en la materialización de derechos sociales de contenido programático, ha traído consigo una explosión normativa. Muestra de ello son (i) las 2250 leyes, (ii) los aproximadamente 62,000 decretos expedidos desde dicho año, de los cuales 13,357 de contenido sustancial estaban vigentes hasta 2019, según el Observatorio de Mejora Normativa del Departamento Nacional de Planeación y (iii) la incontable regulación secundaria expedida cotidianamente por diversas autoridades administrativas. Para aterrizar la magnitud del problema, según un estudio privado en tan solo 2021 se expidieron 343 normas relevantes para la operación de sociedades de servicios financieros, de las cuales 53 se calificaron de alta criticidad por la necesidad de asignación de recursos y esfuerzos operacionales requeridos para su implementación.

La hiper regulación colombiana es parte de una tendencia mundial que acompaña a la ampliación permanente de las burocracias estatales en todo el planeta y las infladas expectativas del ciudadano común frente a la intervención del Estado. Además de la relación directa entre el incremento del gasto de funcionamiento del aparato estatal y la regulación, desde la Gran Recesión de 2008 el mundo se ha volcado hacia un mayor intervencionismo estatal que ha redundado en más y más normas en áreas tan diversas como el sector financiero, el medio ambiente, el derecho de la competencia, el comercio internacional, la tributación, las relaciones labores y la protección de datos. Un estudio del Mercatus Centre de la Universidad George Mason encontró que en Estados Unidos la mención de palabras prescriptivas como “deberá” ha incrementado de 400.000 en la década de 1970 a más de 1,1 millón de veces en textos regulatorios de alcance federal. En la misma línea, en 2017 Deloitte detectó que 67% de las secciones del Código de Leyes de Estados Unidos no ha sido editado desde su creación.

Ante esta situación, no en vano, en una encuesta expuesta por The Economist en enero de este año, 69% de empresas consultadas consideró que “no existe una coordinación suficiente entre autoridades regulatorias” y que “su gestión de regulación nueva y existente está lejos de ser óptima”. Mientras no exista una aproximación estratégica del Estado sobre el rol de la regulación y un análisis científico de sus impactos, seguiremos en la Era de la Hiper-Regulación, donde, como observa Christiane Arndt-Bascle del Comité de Política Regulatoria de la Ocde, “poca información existe sobre su eficacia”.